Denuncian graves abusos de autoridad de profesores que dictan la ESI de Kicillof

En una reciente entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, Débora Ranieri, presidenta de la Asociación Prodesi, expresó su rechazo hacia los contenidos de educación sexual integral (ESI) impartidos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires  bajo el mandato del gobernador kirchnerista,  Axel Kicillof.

Ranieri, abogada y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA), explicó los puntos más polémicos de estos materiales, que considera inapropiados para niños y adolescentes, y cuestionó duramente al ministro de Educación y Cultura provincial, Alberto Sileoni.

Polémica por el material de “Escaleras y Toboganes”

Durante la entrevista, Feinmann abordó algunos de los contenidos de los kits de ESI, en particular, uno de los materiales más controvertidos: el cuadernillo titulado "Escaleras y Toboganes", el cual presenta actividades diferentes según la edad de los alumnos.

La variante A, dirigida a niños de entre 10 y 14 años, incluye ejercicios como el dibujo de órganos sexuales en estado de erección, algo que ha generado indignación entre los padres.

Ranieri calificó esta actividad como una “barbaridad” y explicó que muchos padres están preocupados por el tipo de educación que reciben sus hijos.

"¿Cómo puede ser que a un niño de 10 años se le pida dibujar un pene erecto de tamaño real? Esto no es educación sexual; esto es un abuso de la ESI que va más allá de lo permitido", sostuvo la abogada.

El video de la entrevista

La ESI se implementa de forma abusiva

La presidenta de Prodesi recordó que la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006, buscaba una educación biológica y científica, pero que con los años se ha desviado hacia una “ideologización” que confunde a los menores.

“En lugar de enseñar biología básica y respeto al propio cuerpo, la ESI se ha convertido en una herramienta ideológica. La ley establece una educación sexual integral, pero no de esta manera”, afirmó.

Ranieri también denunció que los materiales de ESI se han transformado en una imposición, sin permitir a los padres expresar su desacuerdo ni evitar que sus hijos participen en actividades que consideran inapropiadas.

Se inician acciones legales

Durante la conversación, Feinmann le preguntó a Ranieri sobre la posibilidad de emprender acciones legales. La abogada explicó que algunos contenidos podrían encuadrarse en delitos contemplados en el Código Penal, particularmente en el artículo 128, que castiga la divulgación de representaciones sexuales explícitas a menores de edad.

"Hay una línea clara que separa la educación sexual de la promoción de contenidos sexualmente explícitos. Si el docente expone a los menores a imágenes o descripciones que no son acordes a su edad, los padres pueden y deben denunciarlo", afirmó Ranieri.

Como medida preventiva, Ranieri sugirió que los padres presenten notas en las escuelas, negando la autorización para que sus hijos participen en actividades de ESI que consideren inapropiadas. “En caso de que el niño o adolescente sea expuesto a algo que lo incomode, también tiene derecho a levantarse y salir del aula”, aclaró.

Casos en las escuelas

Ranieri compartió algunos  casos alarmantes que Prodesi ha recopilado en los últimos años. Uno de ellos ocurrió en Mar del Plata, donde un alumno de secundaria fue obligado a ver una película con contenido sexual explícito a pesar de haber expresado su incomodidad.

Otro caso incluyó un taller de “pornografía educativa”, en el que se mostraron materiales que están restringidos para menores en plataformas como YouTube.

"Estos casos muestran que hay una impunidad muy burda en cuanto al tipo de contenido que se comparte en las aulas", explicó.

La respuesta del Ministerio de Educación

Durante la entrevista, Feinmann mencionó la responsabilidad del ministro Sileoni en la implementación de estos contenidos y cuestionó si el Ministerio de Educación está supervisando adecuadamente el material didáctico utilizado en las escuelas. Ranieri fue clara en su respuesta:

“El rol de los padres es fundamental para poner un límite. Si el Ministerio no escucha, son los padres quienes deben intervenir y proteger los derechos de sus hijos”.

Para Ranieri y Prodesi,  la solución pasa por una revisión exhaustiva de los contenidos de la ESI y por un diálogo abierto que incluya tanto a las autoridades educativas como a las familias.