El caso exhibe la red político-piquetera que operó durante años con recursos públicos en Chaco.
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A menos de 48 horas de recibir condena a prisión perpetua por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, la Justicia federal decidió enviar a juicio oral a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña en una causa por lavado de dinero que expone, otra vez, el entramado político y económico que sostuvo a la familia durante años en Chaco.
La elevación a juicio, dispuesta por el juez federal Ricardo Mihanovich, se basa en el pedido del fiscal Patricio Sabadini, quien consideró concluida la investigación iniciada en 2023. Según su dictamen, el matrimonio habría blanqueado fondos provenientes de delitos de corrupción, simulando actividades sociales a través de su Fundación “Doctor Saúl Andrés Acuña”, una organización históricamente financiada por el Estado provincial durante los gobiernos peronistas de Jorge Capitanich. El ex gobernador Jorge Capitanich fue el padrino de su boda.
Los Sena habrían puesto en circulación dinero ilícito mediante maniobras que no se corresponden con sus ingresos declarados ni con su situación patrimonial. Los investigadores detectaron un incremento de bienes difícil de justificar: camionetas Toyota Hilux, camiones Mercedes Benz, acoplados, motocicletas, cuatro viviendas —tres de ellas a nombre de testaferros— y hasta 66 hectáreas que formalmente se destinaban a la Fundación pero quedaron registradas a nombre de Emerenciano.
En el allanamiento de junio de 2023, realizado tras el asesinato de Cecilia, Gendarmería encontró seis millones de pesos en efectivo dentro de la casa donde fue ultimada la joven. Ese hallazgo abrió una segunda línea de investigación que hoy deriva en este proceso por lavado.
Cecilia Strzyzowski, asesinada por la familia Sena.
Los registros migratorios también llamaron la atención: viajes a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia que no guardan relación con el perfil fiscal del matrimonio. Todo esto, mientras la Fundación facturaba cifras millonarias al Estado: más de 50 millones de pesos en 2022 y otros 186 millones en 2023, especialmente al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, bajo la gestión de Capitanich.
La dimensión política del caso es ineludible. Emerenciano y Acuña eran candidatos provinciales en la boleta del entonces gobernador, quien incluso fue padrino de su casamiento. El crimen de Cecilia ocurrió apenas una semana antes de las elecciones, en las que el peronismo perdió la provincia tras años de hegemonía.
Portada en redes de La Derecha Diario.
La condena del sábado ya dejó expuesta la brutalidad del clan: Cecilia fue llevada engañada, asesinada, envuelta en una alfombra, incinerada y arrojada en un campo para borrar rastros. El veredicto popular que envió a prisión perpetua a César Sena y a sus padres apenas comenzó a desarmar, con nombres propios, una estructura política y social que operó durante años bajo la protección del peronismo provincial.
La nueva causa por lavado profundiza el derrumbe judicial del clan Sena y obliga a revisar el entramado político que los sostuvo durante años. Con la perpetua ya dictada y un juicio federal en marcha, la Justicia empieza a exponer cómo operó una estructura financiada con recursos públicos bajo la cobertura del poder provincial.
