La madre de una de las jóvenes asesinadas y el abogado de las familias desmintieron públicamente las versiones mediáticasque indicaban que los cuerpos habían sido mutilados y denunciaron que funcionarios bonaerenses les ofrecieron dinero, sin brindar soluciones concretas al caso.
El abogado sostuvo ante los medios: “no estaban, así como dicen las chicas, mutiladas y demás. Hay una de las mamás que vio los cuerpos de las chicas y no estaban así”.
Acto seguido, la madre reafirmó esta versión al relatar una conversación mantenida entre las familias: “lo que ustedes dijeron, no estaban así. Ayer nos reunimos las tres mamás y Paula le pregunta, ‘te hago una pregunta Beba, ¿tengo una duda… Lara tenía los dedos cortados?’ No”. Esto reaviva la duda respecto a la veracidad en los procesos de autopsias que habían trascendido y confirmaban un mutilamento. Además, cuestionó duramente la cobertura mediática por “hacer daño psicológico y moral a la familia” a través de información no verificada.
Paralelamente, el abogado denunció la falta de acompañamiento institucional: no se presentó ninguna autoridad provincial con determinación para asistir a las familias de las víctimas.También confirmó que hubo funcionarios bonaerenses que se acercaron “a ofrecer plata”, sin especificar montos ni el objetivo de la propuesta, lo que abre un frente político sensible en medio de un caso que ha generado fuerte conmoción pública.
Según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el triple femicidio fue ordenado por este individuo como parte de un mensaje de disciplinamiento interno, transmitido en vivo por Instagram a un grupo cerrado de seguidores. “El líder dijo: ‘Esto le pasa al que me roba droga’. Fue un acto de terror planificado, con lógica mafiosa”, afirmó Alonso, quien explicó que el objetivo fue “construir una imagen de autoridad criminal a través del miedo”.
El narco peruano "Pequeño J".
La transmisión en vivo del crimen, vista por al menos 45 personas, fue confirmada por el propio ministro. El episodio expuso con crudeza el grado de impunidad con el que operan ciertas organizaciones narcocriminales en el conurbano bonaerense, donde la presencia estatal resulta deficiente y las estructuras de seguridad provincial muestran signos de colapso.
El caso también generó tensiones políticas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó que el gobernador Axel Kicillof asuma responsabilidades por el deterioro de la seguridad en la provincia. “La investigación principal está en manos de la Policía bonaerense y del Ministerio de Seguridad provincial”, recordó Bullrich, aunque señaló la colaboración de fuerzas federales desde el inicio de la causa.
Los asesinatos ocurrieron tras la desaparición de las tres jóvenes el viernes por la noche, cuando fueron vistas por última vez al subir a una camioneta blanca en La Matanza. Días después, la Policía bonaerense halló los cuerpos enterrados en el fondo de una vivienda en Florencio Varela. La camioneta apareció incendiada, en un intento de eliminar pruebas.
Más allá de la investigación penal, el triple crimen volvió a evidenciar un cuadro estructural de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires. Las organizaciones criminales operan con libertad, las redes delictivas se expanden sobre los sectores más vulnerables y la policía provincial enfrenta cuestionamientos por su falta de eficacia. Las declaraciones de la madre y el abogado no solo contradicen versiones periodísticas iniciales, sino que además colocan bajo la lupa la actuación política de las autoridades provinciales en uno de los casos más graves del año.
