En una nueva muestra de complicidad con la corrupción, la sesión del Senado para tratar la Ley de Ficha Limpia fue postergada sin fecha. Se confirmó a última hora del martes, frustró una sesión convocada para este miércoles en la Cámara alta y que contaba con el aval de la Casa Rosada y de la mayoría de los bloques políticos, con el objetivo de sancionar una ley fundamental para sanear la política argentina: impedir que personas con condenas confirmadas por corrupción puedan ocupar cargos públicos.
La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, requiere una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado. Sin embargo, y a pesar de intensas gestiones encabezadas por el oficialismo, esa cifra aún no está garantizada debido a las maniobras de sectores dialoguistas y del bloque kirchnerista que milita abiertamente en contra de la transparencia.
A esto se sumaron, en las últimas horas, las movilizaciones gremiales alineadas con el paro sindical previsto para el jueves, utilizadas como excusa por varios senadores para patear la sesión, a pesar de que se trata de una demanda ciudadana elemental. El propio jefe de la bancada libertaria en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), dio a entender que la ley está lista, pero hay sectores que se resisten al cambio porque tienen miedo de perder sus fueros y sus negocios, aseguró tras una reunión en Casa Rosada donde se evaluó la situación legislativa.
Durante la jornada, los pasillos del Congreso ardieron. Entre las figuras que se movilizaron para intentar salvar la sesión estuvieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien finalmente fue quien firmó la resolución para postergar el debate, ya que la presidente Victoria Villarruel evitó rubricarla, en una decisión que algunos interpretaron como un gesto institucional.
La nota de solicitud para aplazar la sesión fue firmada por Atauche, el jefe del bloque radical Eduardo Vischi, el senador del PRO Alfredo De Ángeli, y Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, entre otros. En ella se argumentó que “las acciones de los gremios y la falta de mayoría calificada” ponían en riesgo el tratamiento.
