La tragedia sanitaria provocada por la distribución de fentanilo contaminado en centros de salud públicos y privados del país ya dejó un saldo de 47 víctimas fatales confirmadas y 87 personas afectadas en total, según el último informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación, liderado por Mario Lugones.
El fármaco, un opioide sintético extremadamente potente, estaba contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii, lo que generó infecciones graves y brotes de neumonía en pacientes. La investigación apunta a dos lotes específicos (31202 y 31244) del producto inyectable “Fentanilo HLB 0,05 mg/ml por 5 ml”, elaborado por HLB Pharma Group S.A. y su fabricante exclusivo, Laboratorios Ramallo.
La causa judicial: imputaciones, pedidos de exención y medidas restrictivas
La investigación está a cargo del Juzgado Federal en lo Penal y Criminal N°3 de La Plata, conducido por el juez kirchnerista Ernesto Kreplak, quien ya dictó la prohibición de salida del país para los principales directivos de ambas farmacéuticas y evalúa pedidos de exención de prisión. Participan del expediente al menos 20 funcionarios judiciales, entre ellos tres de La Plata.
Los delitos aún se encuentran en etapa de calificación legal, pero las hipótesis judiciales ya ubican en el centro de la escena a los titulares y directores técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, especialmente al empresario Ariel Fernando García Furfaro, quien ya había sido parte de la delegación del Ministerio de Salud que viajó a Rusia durante el gobierno de Alberto Fernández para gestionar la distribución de la vacuna Sputnik V.
Retiro nacional del fentanilo: cómo avanza el operativo de decomiso
Por orden del juez Kreplak y en coordinación con la ANMAT, se inició el retiro obligatorio de todas las partidas del fentanilo de HLB Pharma en circulación. A la fecha, nueve provincias ya centralizaron los depósitos de almacenamiento preventivo: Río Negro, Neuquén, Chaco, Catamarca, Salta, Formosa, Jujuy, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán. También lo hicieron Buenos Aires y Santa Fe, las dos provincias más afectadas.
Sin embargo, aún resta la respuesta formal de Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no han informado si poseen o no partidas del lote contaminado.
