El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicitó hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condene a la condenada expresidente Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita.
La petición fue presentada a través de un recurso de queja ante el máximo tribunal, el mismo procedimiento que más temprano utilizó la defensa de la condenada por corrupción para insistir en su absolución.
En su escrito de 10 páginas, Villar reafirmó la postura de la Fiscalía sostenida durante el juicio oral, en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían requerido una condena de 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta.
Sin embargo, por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 la sentenció a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos solo por administración fraudulenta.
Cristina Kirchner, expresidente de Argentina.
La Fiscalía apeló ante la Cámara de Casación, donde Villar insistió en su pedido de 12 años. No obstante, el tribunal ratificó el fallo inicial. Ante esta decisión, el fiscal recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, que fue rechazado. Ahora, agotada esa vía, presenta un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal.
Según Villar, la resolución de la Cámara de Casación carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar los argumentos de la Fiscalía sin el debido análisis. En su presentación, sostuvo que la sentencia presenta afirmaciones dogmáticas, valoraciones aisladas y omisión de pruebas clave, lo que la convierte en una decisión inválida y con diversas causales de arbitrariedad.
Además de insistir en la condena de Cristina Kirchner, Villar también apeló ante la Corte las absoluciones del exministro kirchnerista de Planificación Federal, Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, solicitando que sean condenados.
Cristina Kirchner, expresidente de Argentina.
En su exposición, el fiscal destacó que en la causa "se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal".
Con este argumento, fundamentó su solicitud para que la Corte Suprema intervenga en el expediente y haga lugar a su planteo. Asimismo, cuestionó que Casación haya desestimado su primera apelación para acceder al máximo tribunal: "Con tratamiento aparente de los agravios planteados por esta parte, fundamentos dogmáticos y un análisis fragmentado de las pruebas, el Tribunal Oral Criminal Federal y la Cámara Federal de Casación Penal excluyeron, de manera definitiva, la imputación del delito de asociación ilícita para alguno de los imputados y administración infiel para otros".
