El Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la gestión deJavier Milei, anunció la anulación del acuerdo firmado por el gobierno de Alberto Fernández con lo que denominó “grupos criminales autodenominados mapuches”.
El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuestionó la connivencia del anterior gobierno con los responsables de las usurpaciones de tierras, destacando que la administración actual no tolerará actos de violencia ni concesiones a los que considera grupos delictivos.
Los condenados, seis mujeres y un hombre, recibieron penas de hasta dos años y seis meses de prisión en suspenso por la ocupación violenta de las tierras, que luego se expandió a propiedades colindantes, tanto públicas como privadas.
Mapuches tomando terrenos.
Durante el juicio, se comprobó el uso de la fuerza por parte de los intrusos, lo que agravó la situación legal. A pesar de estos antecedentes, el gobierno de Fernández había propuesto beneficiar a los usurpadores con la cesión de las tierras ocupadas y la construcción de viviendas.
“Argentina no Negocia con Terroristas”
Cúneo Libarona publicó en X: “Argentina no negocia con terroristas”, subrayando la postura del gobierno de Milei en contraste con la anterior administración.
“Durante seis años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras. Eso se terminó”, sentenció el ministro.
Acuerdo fallido y beneficios a usurpadores
El ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, había intervenido en 2022 para frenar el proceso judicial que involucraba a los mapuches, con el fin de establecer una mesa de diálogo entre el gobierno y la comunidad.
El acuerdo incluía la cesión de un predio de 10 hectáreas en el lago Guillelmo, a pocos kilómetros de Villa Mascardi, donde los usurpadores podrían desarrollar actividades de autosustentabilidad.
Además, se contemplaba la construcción de viviendas para Betiana Colhuan, líder espiritual de la comunidad, y sus allegados. Sin embargo, este acuerdo fue ampliamente criticado, y el actual presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se opuso rotundamente.
Actos vandálicos y desalojo en 2022
Los antecedentes de la Lafken Winkul Mapu incluyen atentados incendiarios y actos vandálicos, como el incendio intencionado de la cabaña Los Radales y un puesto de Gendarmería Nacional en 2022. Estos hechos agravaron la situación de tensión en Villa Mascardi y contribuyeron a la decisión de desalojo definitivo en octubre de 2022.
La comunidad mapuche había ocupado la zona durante cinco años, cortando rutas, agrediendo a automovilistas y hostigando a turistas en las playas del lago Mascardi.
Postura del Gobierno actual: Defensa del Imperio de la Ley
El ministro Cúneo Libarona reiteró la postura firme del gobierno de Milei: “No permitiremos que se repitan estos atropellos. Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley”. El gobierno argentino reafirma que no tolerará más ocupaciones ilegales ni concesiones a grupos que actúen fuera de la ley.
