El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
La acusación se basa en la presunta comisión de delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica.
Acusaciones y fundamentos legales
El cuestionamiento gira en torno a la percepción de bonificaciones por “Zona Austral” en dos beneficios previsionales, a pesar de que la ex mandataria no residía en las zonas geográficas que justifican dicho adicional. La denuncia sostiene que la ex presidenta “insertó o hizo insertar declaraciones falsas en instrumentos públicos” y utilizó declaraciones juradas con datos incorrectos para percibir estos adicionales en sus asignaciones vitalicias.
Según el documento judicial, Cristina Kirchner percibió el adicional por Zona Austral en los beneficios previsionales correspondientes a su condición de ex presidenta y por viudez del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, su residencia efectiva durante ese período fue en la Ciudad de Buenos Aires, lo que contravendría los requisitos legales.
Cristina está cada vez peor
El perjuicio patrimonial a la ANSES será determinado con exactitud mediante las investigaciones pertinentes y pericias contables durante el proceso judicial.
Declaraciones de funcionarios
El 17 de noviembre de 2024, tras el anuncio del gobierno sobre la revocación de la asignación vitalicia de la ex presidenta, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó las razones de la medida. “Las condiciones que dieron origen a ese derecho son la honestidad y la credibilidad, que se pierden cuando hay una condena”, sostuvo.
En esa misma línea, De los Heros calificó la situación como una “indignidad” y reveló que en noviembre de 2024 Cristina Kirchner cobró $35.255.297, incluyendo un suplemento de Zona Austral por $6.354.523. “Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas”, detalló.
Acciones legales y pruebas presentadas
La denuncia fue presentada por Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de la ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales del organismo. En ella, se solicita que ANSES sea reconocida como parte querellante en la causa y se presentaron pruebas documentales que respaldan la acusación.
El adicional por Zona Austral está regulado por la Ley N° 19.485 y sus modificaciones, y está destinado a residentes de provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones. Su objetivo es compensar el mayor costo de vida en estas regiones.
Cristina está cada vez peor
No obstante, la ANSES sostiene que durante el período en cuestión, la ex mandataria vivió mayormente en Buenos Aires, lo que invalidaría su derecho a percibir este beneficio. En este contexto, también se investigan los pagos realizados a Néstor Kirchner por el mismo concepto.
Auditorías y revisiones
El 27 de noviembre pasado, De los Heros firmó resoluciones para la revisión del suplemento de Zona Austral, buscando establecer criterios estrictos que verifiquen la residencia real de los beneficiarios. También se ordenó una auditoría sobre todos los casos en los que se abona dicho suplemento.
El titular de ANSES también solicitó la revisión de los pagos realizados a Néstor Kirchner bajo el mismo concepto, considerando que su residencia efectiva era en Buenos Aires y no en la Patagonia.
ANSES hizo la denuncia
Consideraciones finales
ANSES argumenta que la percepción indebida del adicional por Zona Austral por parte de Cristina Kirchner constituye un “acto de corrupción”, según la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificadas por Argentina.
Entre las medidas probatorias solicitadas en la denuncia, se incluyen:
Oficios al Senado para verificar la asistencia de la ex mandataria.
Información del Banco Central sobre sus movimientos bancarios.
Datos de comunicaciones telefónicas para determinar su ubicación.
Pericias caligráficas y contables.
Finalmente, ANSES solicitó a la Justicia que sancione a los responsables y que se resarza el perjuicio fiscal en beneficio del Estado. La denuncia podría tener amplias implicancias políticas y sociales en el país.
