El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
La acusación se basa en la presunta comisión de delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica.
Acusaciones y fundamentos legales
El cuestionamiento gira en torno a la percepción de bonificaciones por “Zona Austral” en dos beneficios previsionales, a pesar de que la ex mandataria no residía en las zonas geográficas que justifican dicho adicional. La denuncia sostiene que la ex presidenta “insertó o hizo insertar declaraciones falsas en instrumentos públicos” y utilizó declaraciones juradas con datos incorrectos para percibir estos adicionales en sus asignaciones vitalicias.
Según el documento judicial, Cristina Kirchner percibió el adicional por Zona Austral en los beneficios previsionales correspondientes a su condición de ex presidenta y por viudez del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, su residencia efectiva durante ese período fue en la Ciudad de Buenos Aires, lo que contravendría los requisitos legales.
El perjuicio patrimonial a la ANSES será determinado con exactitud mediante las investigaciones pertinentes y pericias contables durante el proceso judicial.
Declaraciones de funcionarios
El 17 de noviembre de 2024, tras el anuncio del gobierno sobre la revocación de la asignación vitalicia de la ex presidenta, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó las razones de la medida. “Las condiciones que dieron origen a ese derecho son la honestidad y la credibilidad, que se pierden cuando hay una condena”, sostuvo.
En esa misma línea, De los Heros calificó la situación como una “indignidad” y reveló que en noviembre de 2024 Cristina Kirchner cobró $35.255.297, incluyendo un suplemento de Zona Austral por $6.354.523. “Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas”, detalló.
Acciones legales y pruebas presentadas
La denuncia fue presentada por Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de la ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales del organismo. En ella, se solicita que ANSES sea reconocida como parte querellante en la causa y se presentaron pruebas documentales que respaldan la acusación.
