Desde Seguridad señalaron que la jueza Karina Andrade actuó de manera arbitraria.
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El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza K Karina Andrade, responsable de liberar sin fundamentos sólidos a los detenidos por los graves incidentes ocurridos el pasado 12 de marzo frente al Congreso de la Nación. La decisión gubernamental responde al compromiso inquebrantable de este gobierno con el orden público, la seguridad de los ciudadanos y el respeto irrestricto al Estado de derecho.
La magistrada, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es acusada de los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Según la denuncia, Andrade ordenó la liberación de 114 personas detenidas en el marco de la marcha de los jubilados sin revisar pruebas ni antecedentes penales, lo que habría facilitado la impunidad de individuos con prontuarios por delitos graves.
Defensa de la ley y el orden
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo en un proceso de flagrancia que corresponde exclusivamente al fiscal. En lugar de cumplir con los pasos legales, Andrade tomó decisiones informales a través de un grupo de mensajería instantánea como WhatsApp, sin dejar registros oficiales y sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Esta conducta, según la acusación, quebranta la transparencia y el debido proceso judicial.
La ministra Patricia Bullrich sostuvo que “el gobierno nacional tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y garantizar el orden democrático. No se puede permitir que decisiones judiciales mal fundadas pongan en riesgo la seguridad pública”. Además, Bullrich recordó que “los argentinos merecen vivir en paz y sin miedo”, y reafirmó que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes promuevan la violencia o intenten alterar la paz social.
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Reincidencias y gravedad de los hechos
En el expediente se destaca que varios de los liberados tenían antecedentes penales por delitos como lesiones, narcotráfico, tenencia de armas y robos. Sin embargo, la jueza no revisó sus legajos antes de decidir su excarcelación. Además, se refirió a una supuesta falta de capacidad en los centros de detención, argumento que fue refutado: las plazas en el Servicio Penitenciario Federal y en la Policía Federal estaban disponibles.
La denuncia resalta que el accionar de Andrade podría haber facilitado el encubrimiento de delitos cometidos durante los disturbios, que incluyeron ataques contra la Policía y destrozos en el espacio público. Más de una docena de efectivos resultaron heridos en el operativo, lo que pone de manifiesto la gravedad de los acontecimientos.
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La defensa de la institucionalidad y la democracia
El gobierno del presidente Javier Milei sigue firme en la defensa del Estado de derecho y no permitirá que la impunidad socave los cimientos de la democracia argentina. Por esta razón, el Ministerio de Seguridad solicitó que la Justicia federal avance en la investigación, dado que los hechos podrían configurar delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.
Desde la administración nacional insisten en que “no hay lugar para los violentos ni para quienes protegen el accionar delictivo”. En esa línea, la ministra Bullrich remarcó: “Nuestra prioridad es devolverle la tranquilidad a los argentinos y garantizar que quienes rompen la ley enfrenten las consecuencias de sus actos”.
El expediente quedó a cargo de la jueza María Servini, quien deberá determinar las responsabilidades penales de Andrade y avanzar con la recopilación de pruebas, incluyendo material audiovisual y testimonios de los afectados por los disturbios.
