El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza K Karina Andrade, responsable de liberar sin fundamentos sólidos a los detenidos por los graves incidentes ocurridos el pasado 12 de marzo frente al Congreso de la Nación. La decisión gubernamental responde al compromiso inquebrantable de este gobierno con el orden público, la seguridad de los ciudadanos y el respeto irrestricto al Estado de derecho.
La magistrada, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es acusada de los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Según la denuncia, Andrade ordenó la liberación de 114 personas detenidas en el marco de la marcha de los jubilados sin revisar pruebas ni antecedentes penales, lo que habría facilitado la impunidad de individuos con prontuarios por delitos graves.
Defensa de la ley y el orden
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo en un proceso de flagrancia que corresponde exclusivamente al fiscal. En lugar de cumplir con los pasos legales, Andrade tomó decisiones informales a través de un grupo de mensajería instantánea como WhatsApp, sin dejar registros oficiales y sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Esta conducta, según la acusación, quebranta la transparencia y el debido proceso judicial.
La ministra Patricia Bullrich sostuvo que “el gobierno nacional tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y garantizar el orden democrático. No se puede permitir que decisiones judiciales mal fundadas pongan en riesgo la seguridad pública”. Además, Bullrich recordó que “los argentinos merecen vivir en paz y sin miedo”, y reafirmó que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes promuevan la violencia o intenten alterar la paz social.
