La jueza ultra kirchnerista Karina Andrade, responsable del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será denunciada por el Gobierno de Javier Milei.
La denuncia será mediante el Ministerio de Seguridad Nacional, por presunto prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras su polémica decisión de liberar a los 114 detenidos en la violenta manifestación del miércoles.
El director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Soto, formalizará la denuncia este lunes en nombre de la cartera que lidera Patricia Bullrich.
La acusación se centra en que Andrade habría dictado resoluciones contrarias a derecho, dejando en libertad a delincuentes que fueron arrestados en plena flagrancia durante los disturbios del pasado miércoles.
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Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que Andrade habría actuado con parcialidad ideológica, priorizando sus convicciones personales sobre la aplicación de la ley. "No es que nos quejamos de lo que resolvió, sino que el modo en que lo hizo violó la ley", afirmaron desde la cartera de Bullrich.
La magistrada defendió su decisión alegando que supuestamente protegió el "derecho a la protesta" y la "libertad de expresión", amparándose en una interpretación sesgada de la Constitución. "Mi argumento fue estrictamente jurídico", declaró Andrade, citando al constitucionalista Roberto Gargarella.
Sin embargo, desde el Gobierno de Milei refutan su postura y remarcan que el análisis jurídico debía centrarse en si existía peligro de fuga u obstrucción de la investigación.
"No se trata de esperar a que un detenido se escape o destruya pruebas, sino de valorar si hay una posibilidad cierta de que lo haga. Y además, había reiterancia: muchos tenían antecedentes y causas en trámite", explicaron fuentes cercanas a Bullrich.
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El trasfondo de su decisión
El entorno de la ministra de Seguridad no oculta su desconfianza respecto a la motivación de la jueza kirchnerista. Si bien evitan expresarlo públicamente, sostienen que su fallo tuvo como objetivo "anular el procedimiento policial" y debilitar la capacidad del Estado para mantener el orden en las calles.
Andrade, en su resolución, cuestionó que la policía no presentó suficiente información sobre las detenciones. "No se cumplían los requisitos básicos para evaluar la legalidad de la detención", argumentó.
Sin embargo, desde Seguridad explicaron que el proceso de identificación lleva tiempo, especialmente cuando hay más de 100 arrestados en un contexto de disturbios en curso.
"Esto la jueza lo sabía porque era público y notorio, pero lo obvió en la práctica", acusaron fuentes oficiales. Además, señalaron que Andrade omitió considerar un problema logístico clave: la capacidad de alojamiento de los detenidos.
"¿Dónde iban a quedar esas personas?", se preguntó la jueza en una entrevista radial, dejando entrever que su decisión también estuvo motivada por factores operativos ajenos a su rol judicial.
Con esta acción, el oficialismo busca sentar un precedente y evitar que jueces alineados con el kirchnerismo sigan obstaculizando el accionar de las fuerzas de seguridad y garantizando impunidad a violentos y agitadores.
