Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que Andrade habría actuado con parcialidad ideológica, priorizando sus convicciones personales sobre la aplicación de la ley. "No es que nos quejamos de lo que resolvió, sino que el modo en que lo hizo violó la ley", afirmaron desde la cartera de Bullrich.
La magistrada defendió su decisión alegando que supuestamente protegió el "derecho a la protesta" y la "libertad de expresión", amparándose en una interpretación sesgada de la Constitución. "Mi argumento fue estrictamente jurídico", declaró Andrade, citando al constitucionalista Roberto Gargarella.
Sin embargo, desde el Gobierno de Milei refutan su postura y remarcan que el análisis jurídico debía centrarse en si existía peligro de fuga u obstrucción de la investigación.











