Este miércoles, la Policía Federal Argentina brilló en por su accionar en la contención de una manifestación violenta en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Lo que comenzó como una "protesta pacífica de jubilados" en contra del veto presidencial a la ley de quiebra del Estado nacional, rápidamente se transformó en un escenario de violencia cuando los mismos "jubilados", junto con manifestantes de extrema izquierda con fines golpistas, decidieron cortar la Avenida Rivadavia, una de las principales arterias de la ciudad.
La falsa protesta de jubilados que busco deponer a Javier Milei
La manifestación, que en un principio congregó a supuestos "jubilados preocupados por el impacto del veto en sus haberes", contó con el respaldo de diversas organizaciones sociales y políticas. Estos grupos, conocidos por sus historiales de confrontación en situaciones similares y sus objetivos antidemócraticos, aprovecharon la protesta para generar caos, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos y el orden público. Al notar la situación, la Policía, actuando en cumplimiento de su deber de proteger a la población y garantizar el orden, intervino para dispersar a los manifestantes y reabrir la circulación vehicular.
A pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades para que despejaran la calzada y regresaran a las veredas, un sector de los manifestantes se mostró inflexible y adoptó una postura agresiva, incitando a la confrontación con los agentes de seguridad. Ante esta escalada de tensiones, la Policía, siguiendo los protocolos antidisturbios establecidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se vio obligada a utilizar medidas de contención como garrotes y gas pimienta. Estas acciones fueron fundamentales para evitar que la situación se descontrolara y se convirtiera en una amenaza mayor para la paz pública.
La rápida y eficiente respuesta de la Policía no solo impidió que los disturbios causaran mayores daños, sino que también protegió a los transeúntes y a los comerciantes de la zona, que veían con preocupación cómo la situación se deterioraba. Cabe destacar que la intervención policial fue realizada con la firmeza y el profesionalismo necesarios para restablecer el orden, sin que se registraran daños graves a personas ni a bienes públicos.
Tras la intervención de las fuerzas de seguridad y la desactivación del accionar golpista por parte de los grupos de extrema izquierda, la marcha pudo continuar de manera controlada hacia la Plaza de Mayo, bajo un dispositivo de seguridad que garantizó la protección tanto de los manifestantes como de los ciudadanos que circulaban por la zona. Unos 2.500 manifestantes, en su mayoría jubilados, continuaron con la protesta, que se desarrolló de manera pacífica luego de que la situación fuera contenida por la Policía.
El motivo de la protesta fue el veto anunciado por el presidente Javier Milei a una ley aprobada el 22 de agosto por amplia mayoría en el Senado, que establecía una nueva fórmula de actualización mensual de las pensiones que hubiera significado la quiebra del Estado nacional. Esta fórmula, que contemplaba ajustes basados en el índice de inflación y los salarios formales, junto con un aumento extraordinario del 8,1%, fue considerada insostenible por el Gobierno, dado que implicaría un gasto del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), una suma de dinero demencial e ilógica.
El presidente, en uso de sus facultades constitucionales, tiene un plazo de diez días hábiles para implementar el veto. No obstante, se realizará una actualización contempla un aumento del 4% en los haberes mínimos, lo que elevaría la jubilación mínima a 314 dólares, un monto mucho más alto que los del gobierno kirchnerista.
