La rápida y eficiente respuesta de la Policía no solo impidió que los disturbios causaran mayores daños, sino que también protegió a los transeúntes y a los comerciantes de la zona, que veían con preocupación cómo la situación se deterioraba. Cabe destacar que la intervención policial fue realizada con la firmeza y el profesionalismo necesarios para restablecer el orden, sin que se registraran daños graves a personas ni a bienes públicos.
Tras la intervención de las fuerzas de seguridad y la desactivación del accionar golpista por parte de los grupos de extrema izquierda, la marcha pudo continuar de manera controlada hacia la Plaza de Mayo, bajo un dispositivo de seguridad que garantizó la protección tanto de los manifestantes como de los ciudadanos que circulaban por la zona. Unos 2.500 manifestantes, en su mayoría jubilados, continuaron con la protesta, que se desarrolló de manera pacífica luego de que la situación fuera contenida por la Policía.
El motivo de la protesta fue el veto anunciado por el presidente Javier Milei a una ley aprobada el 22 de agosto por amplia mayoría en el Senado, que establecía una nueva fórmula de actualización mensual de las pensiones que hubiera significado la quiebra del Estado nacional. Esta fórmula, que contemplaba ajustes basados en el índice de inflación y los salarios formales, junto con un aumento extraordinario del 8,1%, fue considerada insostenible por el Gobierno, dado que implicaría un gasto del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), una suma de dinero demencial e ilógica.
El presidente, en uso de sus facultades constitucionales, tiene un plazo de diez días hábiles para implementar el veto. No obstante, se realizará una actualización contempla un aumento del 4% en los haberes mínimos, lo que elevaría la jubilación mínima a 314 dólares, un monto mucho más alto que los del gobierno kirchnerista.
