El Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio de Justicia de la Nación, tomó una firme decisión contra los trabajadores del Registro de la Propiedad Automotor que participaron en acciones ilegales, lideradas por el sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Según el comunicado oficial, se procederá al despido con justa causa de todos los agentes involucrados en la ocupación de la sede central del organismo, la cual resultó en la interrupción del servicio, pérdidas millonarias para el Estado y daños irreparables para los argentinos.
Desde el Ministerio se señala que las actividades ilegales llevadas a cabo por los manifestantes no solo paralizaron el Registro, sino que también constituyen actos extorsivos y violentos que no serán tolerados por la administración de Milei.
En esta línea, se destaca que aquellos agentes que no se presenten en sus puestos de trabajo o que participen de actividades no autorizadas explícitamente por el Ministerio serán sancionados conforme a los regímenes legales vigentes.
"El ciudadano de bien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)", reza el comunicado, enfatizando que las medidas del sindicato, lejos de responder a reclamos legítimos, buscan beneficiar únicamente a las autoridades sindicales.
El Gobierno de Milei remarcó que no permitirá que ningún sector, mediante amenazas, escraches o violencia, interrumpa el normal desarrollo de las funciones estatales ni los servicios esenciales prestados a la población.
