A partir de junio de 2025, los comercios en todo el país dejarán de estar obligados a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), un fondo que recaudaba cerca de $70.000 millones al año. La decisión, que implica un alivio para los empresarios del sector, fue celebrada como un avance en la reducción de costos laborales y burocráticos.
Hasta ahora, muchos convenios colectivos imponían contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales, las cuales eran exigidas incluso a empleadores que no estaban afiliados ni adheridos a esas entidades. En el caso del sector mercantil, el monto equivalía al 0,50% del salario inicial de un trabajador en la categoría Maestranza “A”. En marzo, el aporte mensual ascendía a $4.725,02 por cada empleado registrado.
Un cambio con fuerte impacto económico
Dado que en la Argentina hay alrededor de 1,2 millones de trabajadores registrados bajo el convenio de comercio, se estima que el INACAP recibía unos $5.600 millones por mes. Lo recaudado era administrado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), que luego redistribuían fondos a cámaras socias del interior del país.
Sin embargo, no existía una rendición de cuentas pública sobre el destino de esos recursos, y muchos comerciantes denunciaban presiones, intimaciones y hasta acciones legales en caso de incumplimiento.
El Gobierno lo considera un “impuesto privado”
La eliminación del aporte obligatorio fue dispuesta mediante el Decreto 149/2025, que estableció que las Convenciones Colectivas de Trabajo no pueden imponer cargas económicas a empleadores no afiliados a cámaras empresariales, salvo aceptación voluntaria. La norma dio un plazo de 90 días para su implementación y comenzó a regir en junio.
