En una muestra más del compromiso del Gobierno nacional con la transparencia y el fin de los privilegios injustificados, el Ministerio de Capital Humano, en coordinación con la ANSES, presentó una demanda judicial contra el exvicepresidente Amado Boudou para que devuelva más de 236 millones de pesos que cobró de forma indebida en concepto de jubilación de privilegio, a pesar de haber sido condenado por delitos de corrupción durante su paso por la función pública.
“El otorgamiento de una asignación mensual vitalicia a quien ha sido declarado autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública no solo es un contrasentido jurídico, sino una afrenta a los ciudadanos honestos que sostienen el sistema previsional”, señaló el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Capital Humano.
Amado Boudou.
El reclamo judicial exige que Boudou restituya $236.066.031,25, más los intereses y actualizaciones correspondientes, por haberes que percibió mientras era beneficiario de una jubilación especial, pese a que la Justicia lo halló culpable de actos de corrupción en la causa Ciccone. Esa sentencia, confirmada por instancias superiores, lo dejó sin margen legal ni ético para continuar cobrando sumas provenientes del erario público.
Cabe recordar que Boudou fue una figura central durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy acumula múltiples procesamientos judiciales por causas vinculadas al manejo espurio de fondos públicos. El caso del exvicepresidente no es un hecho aislado, sino parte de una red de beneficios excepcionales que el kirchnerismo concedió a sus funcionarios, aun tras haber sido condenados.
Amado Boudeu.
Pero el impacto más fuerte llegó desde la Corte Suprema de Justicia, que este martes dejó firme la condena contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, marcando un hito institucional: la exmandataria deberá devolver al Estado más de 84.000 millones de pesos.
La resolución del máximo tribunal confirma la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 de 2022 y su ratificación posterior por la Cámara de Casación Penal. El fallo no sólo establece seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino que ordena el decomiso histórico de $84.000 millones, equivalentes al desfalco comprobado mediante la adjudicación fraudulenta de obras públicas a empresas de Lázaro Báez, en especial en la provincia de Santa Cruz.
La millonaria cifra que deberá pagar Cristina Kirchner por su condena se calcula en función de las licitaciones direccionadas, pagos anticipados, sobreprecios y obras inconclusas, todas bajo su directa responsabilidad administrativa y política. La ex presidenta intervino mediante decretos como el PEN N° 54/2009, que permitió el uso discrecional de fondos del fideicomiso vial para beneficiar a Austral Construcciones.
La Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que los planteos de la defensa no lograron desvirtuar la contundencia probatoria. Cristina Kirchner fue hallada culpable como coautora de administración fraudulenta agravada, y la sentencia ahora adquiere carácter de cumplimiento efectivo, marcando un punto de no retorno en la rendición de cuentas de los exfuncionarios del kirchnerismo.
