La magistrada sostuvo que incorporar adolescentes al sistema penal debe ser el último recurso del Estado.
En sus fundamentos, la magistrada planteó que el Estado debería responder ante determinadas conductas de menores mediante organismos de asistencia y protección de derechos antes que recurriendo al sistema penal.
"Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto", sostuvo De Marinis, quien agregó que la incorporación de adolescentes al sistema penal debe constituir "el último recurso".
La jueza porteña Laura De Marinis declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un delincuente de 14 años acusado de participar en una tentativa de robo, en un nuevo pronunciamiento judicial contra la reforma que redujo la edad de punibilidad en la Argentina.
La decisión fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires. Según la investigación, un hombre de 47 años denunció que fue abordado por un grupo de 5 jóvenes y que uno de ellos le exigió que entregara su teléfono celular. La víctima logró escapar y pidió ayuda a un efectivo de la Policía de la Ciudad.
De Marinis consideró que, aunque el robo constituye un delito violento, el hecho no llegó a consumarse y la propiedad de la víctima no resultó afectada. A partir de las características particulares del expediente, resolvió apartar la aplicación de la nueva legislación y sobreseer al adolescente.
Por ese motivo, la discusión abierta por el fallo no se limita a optar entre asistencia estatal o castigo. La propia legislación combina mecanismos de responsabilización con herramientas diferenciadas para menores de edad, precisamente para evitar trasladar automáticamente las reglas del régimen penal de adultos.
El pronunciamiento de De Marinis llega después de la decisión de la jueza bonaerense Marta Pascual, quien había suspendido durante 60 días la aplicación de la nueva legislación en toda la provincia de Buenos Aires alegando, entre otros puntos, deficiencias de infraestructura y capacidad institucional.
Esa decisión fue posteriormente revocada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora. Los camaristas señalaron que una medida cautelar no podía neutralizar con alcance general una ley sancionada por el Congreso y recordaron la presunción de legitimidad de las normas vigentes.
La nueva resolución porteña vuelve así a colocar en el centro de la discusión judicial hasta dónde puede llegar el control de constitucionalidad de los jueces garantistas frente a una reforma penal aprobada por el Congreso y acompañada de una gran aprobación popular.
Sin embargo, el Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso no establece que los adolescentes deban recibir el mismo tratamiento que un adulto ni dispone automáticamente su encarcelamiento. La Ley 27.801 creó específicamente un sistema para personas de entre 14 y 17 años cuyo objetivo declarado incluye la responsabilidad por los actos, la educación, la resocialización y la integración social.
