El Gobierno instó a las provincias a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias

En una nueva muestra de compromiso con la transparencia tributaria, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei exigió a las provincias adherir al flamante Régimen Simplificado de Ganancias, como condición indispensable para acceder a información vital sobre los contribuyentes. La advertencia es inequívoca: quienes no firmen el nuevo convenio de intercambio de datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) perderán el acceso a registros clave, como la facturación de personas y empresas, y los consumos superiores a los $50.000.000 anuales.

Esta medida acompaña el lanzamiento del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, una iniciativa sin precedentes que busca devolverle a los ciudadanos el control sobre sus recursos y eliminar el hostigamiento fiscal que caracterizó a gobiernos anteriores. "Avanzamos y garantizamos la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran", expresó oficialmente la Casa Rosada, en línea con la filosofía libertaria de reducir el intervencionismo estatal.

El nuevo régimen, anunciado por el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, implica una transformación radical en la liquidación del impuesto a las Ganancias. Se elimina el requerimiento de datos sobre el patrimonio y los consumos personales, enfocándose exclusivamente en los ingresos facturados y los gastos deducibles. "No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA", afirmó Pazo durante la presentación.

A partir de junio, los contribuyentes podrán optar por este sistema, que regirá para el período fiscal 2025. El mismo finalizará a mediados de 2026, cuando cada usuario podrá ingresar a su perfil en la web de ARCA, verificar el monto determinado por el sistema y decidir si lo acepta, lo abona o lo modifica según sus propios registros.

Pero la implementación de esta nueva lógica fiscal requiere coordinación con las jurisdicciones provinciales. Por ello, el Gobierno nacional convocó a los gobernadores a firmar un nuevo convenio que garantice la integridad del sistema. La decisión se convierte en un test de gobernabilidad y modernización: quien no firme, quedará sin acceso a los datos que permiten fiscalizar adecuadamente.

Mientras provincias como Santa Fe respaldaron activamente la medida, destacando incluso su utilidad en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, la provincia de Buenos Aires —gobernada por Axel Kicillof— optó por la confrontación. Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, denunció el nuevo régimen como un “blanqueo encubierto” y se negó a adherir. “Se presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a los ahorros acumulados, sino a permitir que no se acumulen fondos no declarados esperando un nuevo blanqueo”, declaró.

Desde la administración bonaerense afirmaron que continuarán fiscalizando a los contribuyentes con los métodos actuales, ignorando la advertencia nacional sobre el corte en el acceso a información. Además, sostuvieron que las obligaciones tributarias provinciales seguirán vigentes y que no habrá cambios en los regímenes de fiscalización.

La posición de Kicillof no solo aísla a la provincia más poblada del país de un régimen fiscal más eficiente y respetuoso de las libertades individuales, sino que podría dejarla sin herramientas para detectar inconsistencias tributarias, debilitando así su capacidad de gestión en un contexto económico delicado.