Habían sido contratados de manera espuria por décadas, por fuera de los mecanismos previstos por el SINEP.
Compartir:
El Gobierno de Javier Milei, a través de su vocero, Manuel Adorni, anunció la finalización del curro de más de 2.400 contrataciones irregulares en el Ministerio de Justicia, las cuales eran financiadas por el ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores).
Según explicó Adorni, estos empleados fueron "contratados de manera espuria por décadas, por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público conocido como el SINEP".
Alrededor de 400 de esos empleados trabajaban en la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), mientras que el resto había sido contratado hace casi 20 años bajo esa modalidad y desempeñaban funciones en otras dependencias del Ministerio de Justicia, incluyendo personal de limpieza en diversas oficinas a nivel nacional.
En todos los casos, los salarios de ese personal eran abonados por ACARA. El proceso de reordenamiento comenzó hace más de un mes, cuando el Ministerio ofreció un retiro voluntario en la DNRPA, una propuesta que la mayoría de los empleados rechazó.
La propuesta inicial incluía hasta 18 cuotas de montos equivalentes a los sueldos, pero los trabajadores no aceptaron debido a que la mayoría tenía más de 20 años de antigüedad.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.
Esta situación, que el Gobierno de Milei consideró como una disputa interna sindical impulsada por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), dio lugar a un violento paro que afectó varias áreas clave de la DNRPA, como la que se encarga de la confección de los certificados de importación de automotores.
Esto provocó la acumulación de unos 15.000 expedientes de autos importados durante más de dos semanas, los cuales no pudieron ser entregados a los compradores.
La magnitud del conflicto llevó al Gobierno de Milei a advertir a los trabajadores con presentar una denuncia penal si continuaban con esa violenta modalidad de protesta. Sin embargo, paralelamente, se extendió la fecha límite para anotarse al retiro voluntario, modificando el plazo original del 27 de noviembre al 5 de diciembre.
Finalmente, en esa segunda fecha se logró que la mayoría de los 400 empleados de la DNRPA aceptaran el retiro propuesto por el gobierno, luego de que se les comunicara de manera informal que ACARA no contaba con los fondos suficientes para cubrir las indemnizaciones correspondientes a la antigüedad de cada trabajador.
Se les advirtió que, en su lugar, podrían verse obligados a iniciar un juicio contra el Estado para cobrar lo adeudado, con un plazo estimado de "unos diez años", según la información proporcionada.
De este modo, no se trata de despidos en todos los casos, sino de la finalización de la modalidad de contratación en la que se encontraba ese personal. "Quienes no adhirieron al retiro voluntario serán los que despidan. Muchos de nosotros ayer fuimos a ACARA a firmar el retiro voluntario", comentó un empleado de la DNRPA a Infobae este martes.
"Una vez que se haya normalizado la situación, el gobierno hará una evaluación de las necesidades de personal y les ofrecerá a quienes considere necesarios, una recontratación en los términos que especifica la ley", informaron fuentes del gobierno.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.
Importante ahorro de recursos públicos
Asimismo, el vocero presidencial anunció que "se suprimió el pago de incentivos al personal del ministerio, que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos".
"Estos incentivos se pagaban, en principio, para que el personal se capacite. Pero, por supuesto, como todas estas cosas en el Estado, se terminaron desvirtuando y se terminaron convirtiendo en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación ni nada que lo justifique", explicó Adorni.
Estos son los conocidos "sobresueldos de ACARA", una práctica conocida desde hace décadas, por la cual empleados del Ministerio de Justicia recibían pagos adicionales por parte del ente recaudador, que se encarga de confeccionar y distribuir todos los elementos registrales de automotores en Argentina, como formularios, cédulas y patentes.
Además, se anunció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, puso fin al monopolio que el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantenía sobre las capacitaciones obligatorias para obtener la licencia profesional de conductor. Desde el año 2019, el gremio recibía más de 11 mil millones de pesos anuales por este concepto.
"El Presidente Javier Milei tiene un mandato claro: eliminar las cajas de la política y terminar con los negocios espurios que beneficiaron a unos pocos en detrimento de la mayoría", expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "En esta nueva Argentina no hay lugar para los privilegios ni para las estructuras que saquearon al país", concluyó.
