En lugar de entrar a la web institucional, quienes ingresaban al sitio eran enviados a una página de contenido político
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, liderada por el "Profe" Alejandro Álvarez, presentó una denuncia contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación se fundamenta en que la UBA bloqueó el acceso a la página oficial de la universidad, impidiendo que estudiantes y la comunidad accedieran a información académica y administrativa de carácter esencial.
En lugar de acceder al portal institucional, quienes ingresaban al sitio se encontraron con una página de contenido político partidario. Según el Ministerio, esta acción constituye una manipulación indebida de los canales oficiales de comunicación y una violación de la obligación de garantizar el normal funcionamiento institucional.
El Ministerio de Capital Humano exigió el cese inmediato de esta maniobra y solicitó que se investigue a los responsables de haber ordenado la creación del subdominio. El objetivo de la investigación será determinar las responsabilidades administrativas y legales que pudieran corresponder a quienes tomaron esa decisión.
La cartera que conduce Sandra Pettovello recordó que las universidades nacionales deben asegurar la igualdad de acceso a la información para todos los estudiantes, así como mantener la transparencia y neutralidad en el uso de recursos públicos. En este sentido, remarcaron que la utilización de herramientas digitales oficiales para difundir mensajes de carácter político excede el rol que la normativa le asigna a las instituciones educativas.
Finalmente, el Ministerio subrayó que mantiene su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional. A la vez, reiteró que respeta el derecho a huelga y a la protesta en el marco de lo establecido por la ley, pero que dichas acciones no deben afectar el acceso a los servicios educativos ni el funcionamiento regular de las casas de estudio.
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