Los antecedentes penales de los cinco deportados abarcan diversas causas registradas en múltiples jurisdicciones:
Rojas Pedraza, de origen colombiano, tenía una condena por tentativa de robo simple, participación en asociación ilícita y robo cometido en poblado y en banda, bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Abarca Muñoz, ciudadano chileno, fue sentenciado por un caso de hurto tramitado ante el Juzgado de Ejecución Nº 1 de Morón.
Figueroa Rodríguez, de nacionalidad peruana, estaba cumpliendo pena por un robo agravado con uso de arma de fuego, según lo dispuesto por el Juzgado de Ejecución Nº 1 de La Matanza.
Cañete Cabañas, oriundo de Paraguay, enfrentaba una causa por tenencia ilegítima de armas de guerra, en manos del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12.
Por último, Vespa Pino, ciudadano uruguayo, se encontraba vinculado a una causa por robo agravado mediante el uso de arma de fuego, radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario.
Javier Milei, presidente de Argentina.
La decisión de proceder con la expulsión, según consta en documentación oficial, se basó en la gravedad de los delitos cometidos, la situación migratoria de los involucrados y la existencia de condenas firmes o procesos penales en etapa de ejecución.
El operativo, llevado a cabo gracias a la articulación entre la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y el Poder Judicial, se enmarca en una estrategia migratoria orientada a “reforzar el control sobre los antecedentes penales de ciudadanos extranjeros” y a “proteger el orden y la seguridad pública”.
Esta acción forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. A través de la red social X, la ministra Patricia Bullrich celebró la expulsión: “El presidente Javier Milei firmó una reforma migratoria sustancial. En pocas horas ya comenzamos con deportaciones de delincuentes que estaban en la Argentina. Ya están afuera, en sus países”, afirmó. Y añadió: “Acá la gente que quiera venir tiene que ser gente de bien”.
Cinco delincuentes extranjeros que contaban con condenas por graves delitos, entre ellos, robos agravados y tenencia de armas de guerra, fueron deportados del país por el Gobierno de Javier Milei, en un operativo llevado a cabo por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y unidades especiales del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Aunque el procedimiento se conoció públicamente en las últimas horas, fue realizado el jueves 22 de mayo, según informaron fuentes vinculadas al caso. La medida alcanzó a Jefferson Andrés Rojas Pedraza (de nacionalidad colombiana), Danilo César Abarca Muñoz (chileno), Jhonattan Saúl Figueroa Rodríguez (peruano), Roberto Cañete Cabañas (paraguayo) y Paolo Martín Vespa Pino (uruguayo).
Todos ellos tenían sentencias firmes por delitos que, sin excepción, involucraron actos violentos, uso de armamento o reiteración delictiva. El procedimiento se inició en la División Alcaidías Anexo Madariaga, donde los individuos fueron retirados de sus lugares de detención. Posteriormente, bajo custodia de cuatro brigadas completas, fueron trasladados al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, desde donde fueron deportados.
