En el día de hoy, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que una auditoría realizada por el Gobierno de Javier Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) descubrió un nuevo fraude millonario, revelando que 150 personas fallecidas continuaban con prestaciones activas de pensiones por discapacidad.
Según el informe oficial, el costo total de este fraude asciende a $1.355.000.000 de pesos, una cifra alarmante que refleja el mal manejo de los fondos públicos en la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
El fraude abarca casos de personas cuyo fallecimiento data de hasta 1.800 días atrás, lo que pone en evidencia la falta de controles durante el gobierno anterior en los registros de beneficiarios y en los procedimientos administrativos de la ANDIS.
"Se identificaron 150 personas fallecidas que cobraban una pensión por discapacidad. Algunos donde su fallecimiento data de 1.800 días atrás. Este fraude generó un costo de $1.355.000.000 de pesos", comunicó el vocero presidencial.
La investigación también identificó irregularidades en la asignación de pensiones no contributivas, con uno de los casos más polémicos siendo el de Luciana Pascua, intendente de Enrique Urien y figura cercana al kirchnerista Jorge Capitanich. Pascua, según los resultados de la auditoría, estaba cobrando una pensión no contributiva por invalidez laboral.
"Además, se identificó que la intendente de Enrique Urien, Luciana Pascua, cercana a Capitanich, cobraba una pensión no contributiva por invalidez laboral", reveló Adorni.
Estos descubrimientos se enmarcan dentro de la política del Gobierno de Javier Milei de lograr una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
La administración libertaria tomó medidas para terminar con estas irregularidades, y la auditoría continúa para detectar más fraudes y corrupción kirchnerista en los programas sociales.
El hallazgo de este fraude es un claro ejemplo de los esfuerzos del Gobierno de Milei por erradicar la corrupción y garantizar que los recursos destinados a las personas más vulnerables sean utilizados de manera correcta y justa.
