El Gobierno nacional dispuso el despliegue del Ejército y la Armada en la frontera norte, como parte del “Operativo Roca”, en colaboración con la Gendarmería Nacional.
Esta acción, respaldada por el Decreto 1112/2024 y enmarcada en la Ley de Defensa Nacional, contempla la vigilancia flexible de zonas críticas y autoriza la detención transitoria de civiles en casos de flagrancia.
Despliegue estratégico y equipamiento avanzado
Oficializado el pasado 15 de abril, el operativo prevé un esquema de acción adaptable a los diferentes escenarios que presenta la extensa frontera norte. Más de 10.000 efectivos del Ejército participan de la iniciativa, de los cuales 1.300 permanecen en forma permanente en las áreas de intervención.
El personal fue instruido bajo las “Reglas de Empeñamiento”, directrices que definen el accionar de las tropas en territorio nacional, y recibió nuevo equipamiento de protección individual. Además, se utilizan drones, radares móviles, helicópteros, aviones Diamond y sistemas de comunicación de última tecnología para las tareas de control y relevamiento.
Defensa política del operativo
Ante las críticas surgidas tras hacerse pública la medida, el ministro de Defensa, Luis Petri, salió en su defensa: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”.
Petri subrayó que la ley permite a las Fuerzas Armadas participar en el control fronterizo y que la detención en flagrancia está contemplada tanto en los códigos procesales nacionales como provinciales. Asimismo, cuestionó que "solo el sesgo ideológico" había limitado históricamente estas acciones.
“Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras; Estados Unidos lo anunció en enero. ¿Por qué acá algunos se escandalizan?”, añadió el funcionario.
