Dio 48 horas para presentar un plan que garantice clases, exámenes y recuperación de contenidos .
Además, el documento introduce un punto clave en la discusión: el financiamiento. Desde la Casa Rosada dejaron en claro que el sostenimiento económico del sistema universitario por parte del Estado nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del servicio educativo.
El Gobierno nacional les dio 48 horas a las Universidades Nacionales para explicar cómo garantizaran las clases pese a los paros docentes y presentar un plan que asegure la continuidad académica, con medidas concretas para evitar la paralización total del ciclo lectivo y sostener tanto el dictado como las instancias de evaluación.
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que encabeza Alejandro "El Profe" Álvarez, en medio de un conflicto creciente por las medidas de fuerza impulsadas por gremios docentes y no docentes en distintas universidades del país.
Según el documento oficial, la administración nacional manifestó extrema preocupación por la suspensión de la actividad académica que, en algunos casos, se extiende durante semanas. En ese marco, se exigió a las casas de estudio la implementación de planes de contingencia que permitan sostener el dictado de clases y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.
El requerimiento incluye tres puntos centrales: asegurar el acceso a los establecimientos para docentes que no adhieran a los paros, implementar modalidades alternativas —como herramientas virtuales o reprogramaciones— y garantizar que los alumnos no pierdan la regularidad ni sus turnos de examen.
El planteo del Gobierno se apoya en fundamentos constitucionales. El texto recuerda que el derecho a enseñar y aprender está consagrado en la Constitución Nacional y que su cumplimiento no puede quedar subordinado a conflictos gremiales. En esa línea, se remarca que el ejercicio del derecho a huelga no puede anular el acceso a la educación.
En ese sentido, el propio Álvarez advirtió públicamente que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la revisión de la asignación, ejecución o transferencia de recursos presupuestarios nacionales. Es decir, se abre la puerta a eventuales medidas sobre el financiamiento en caso de que las universidades no garanticen el funcionamiento básico del sistema.
El texto también invoca el principio de continuidad del servicio público, señalando que la educación superior debe prestarse de forma regular, constante e ininterrumpida. Bajo este criterio, la cancelación sistemática de clases o el cierre de facultades podría constituir una vulneración directa de ese principio.
Finalmente, el Gobierno dejó asentado que, en caso de incumplimiento, se dará intervención a organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), además de habilitar posibles acciones administrativas o judiciales.
Con este movimiento, la administración de Javier Milei endurece su postura frente a los conflictos sindicales en el ámbito universitario y busca trasladar la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema a las autoridades de cada institución.
