La norma endurece penas, amplía facultades de investigación y permite detenciones preventivas.
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Con su publicación en el Boletín Oficial, la denominada Ley Antimafias entró en vigencia en Argentina. La nueva norma endurece las penas para los integrantes de organizaciones criminales, amplía las herramientas de investigación de la Justicia y las fuerzas de seguridad, y permite la detención preventiva por averiguación de delito.
Inspirada en la Ley RICO de Estados Unidos y en la legislación antimafia de Italia, la Ley 27786 busca reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante sanciones más severas y nuevos mecanismos de persecución penal.
Un nuevo tipo penal para las organizaciones criminales
La Ley Antimafias tipifica un nuevo delito, distinto de la asociación ilícita, con penas significativamente más altas. Según explicó el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, la norma establece “penas verdaderamente disuasivas, que pueden superar los 50 años de prisión”.
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El artículo central de la ley establece que será castigado con prisión de 8 a 20 años quien forme parte, coopere o ayude a mantener una organización criminal vinculada a delitos como:
Narcotráfico
Encubrimiento y lavado de activos
Financiación del terrorismo
Tráfico de órganos
Cohecho y corrupción
Secuestro extorsivo
Pornografía infantil
Trata de personas
Tenencia ilegal de armas
Uno de los cambios más drásticos es que cada integrante de una organización podrá ser acusado del delito más grave cometido por cualquier miembro del grupo, sin necesidad de haber participado directamente en el hecho. Además, la norma duplica y acumula tanto el mínimo como el máximo de las penas aplicables.
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Por ejemplo, si una organización comete un secuestro seguido de muerte, todos sus integrantes serán acusados del mismo delito, aunque su rol haya sido solo logístico.
Detenciones preventivas por averiguación de delito
Otro punto clave de la ley es la posibilidad de realizar detenciones preventivas con autorización del fiscal. En el marco de una investigación preliminar, se podrá arrestar a una persona por un período de entre 48 horas y 30 días, mientras se verifica su posible vinculación con delitos organizados.
Según Manfroni, esto permitirá un accionar más efectivo contra las mafias y podría derivar en un incremento de arrestos. “Si se multiplican las detenciones, se debe a que el régimen penal actual impedía que se hicieran”, explicó el funcionario a Infobae.
Nuevas facultades para la Justicia y las fuerzas de seguridad
La Ley Antimafias otorga mayores poderes a jueces y fiscales para incautar bienes y realizar procedimientos sin necesidad de una condena firme. Entre las principales herramientas de investigación incorporadas se incluyen:
Decomiso inmediato de bienes sospechados de tener origen ilícito. Si el titular es absuelto, se le devolverán en su estado original.
Requisa de cárceles para prevenir la coordinación de delitos desde el interior de los penales.
Inmovilización de activos financieros ligados a organizaciones criminales.
Intervención de comunicaciones en plataformas como WhatsApp y Telegram.
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Asimismo, la ley permite la creación de zonas sujetas a investigación especial, determinadas por un juez competente. Estas áreas podrán abarcar una o más ciudades y, si los delitos investigados son de jurisdicción provincial, requerirán la autorización de los jueces locales. Una vez establecida una zona de este tipo, las investigaciones pasarán automáticamente a la justicia federal.
Impacto y desafíos en la lucha contra el crimen organizado
Con la entrada en vigencia de la Ley Antimafias, el gobierno busca reforzar el combate contra el crimen organizado con herramientas más contundentes. Sin embargo, el endurecimiento de penas y la ampliación de facultades judiciales podrían generar debate sobre posibles excesos en su aplicación.
La posibilidad de detenciones preventivas prolongadas y la intervención de comunicaciones privadas serán puntos clave en la implementación de la norma. A medida que se comiencen a aplicar sus disposiciones, se evaluará su impacto real en la lucha contra las organizaciones delictivas en Argentina.
