El Gobierno realizará una auditoría internacional sobre la hidrovía Paraná-Paraguay

En un nuevo paso hacia una mayor transparencia en uno de los sectores estratégicos del país, el Gobierno de Javier Milei anunció este martes que llevará adelante una auditoría internacional sobre la licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el procedimiento estará a cargo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el marco de un memorando de entendimiento firmado con la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables.

Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni explicó que la auditoría analizará en detalle los pliegos y todos los procedimientos vinculados al proceso licitatorio de la hidrovía. 

Adorni también informó que, además del control internacional, se pondrá en marcha una auditoría a cargo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esta medida tiene como objetivo asegurar que el proceso se desarrolle “en un entorno de competencia leal y sin privilegios”, subrayó.

La hidrovía Paraguay-Paraná es un sistema de navegación fluvial de enorme relevancia para la economía nacional y regional. A través de esta vía se transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas de bienes, lo que la convierte en un canal fundamental para el comercio exterior y la competitividad del país.

“Es necesario que quien la opere tenga la suficiente capacidad para hacerlo de acuerdo con los mas altos estándares internacionales y el mejor precio”, destacó Adorni, quien reafirmó el compromiso del Gobierno de Milei con la eficiencia y el buen uso de los recursos públicos.

La decisión llega en un contexto donde distintos sectores venían reclamando mayor transparencia y participación en torno a una obra que implica inversiones millonarias y un alto impacto logístico. Con esta auditoría, el Gobierno busca dar un mensaje claro de apertura, control institucional y garantías para todos los actores involucrados.

El proceso de licitación y sus futuras adjudicaciones serán, a partir de ahora, objeto de seguimiento tanto por organismos nacionales como internacionales. Esta medida busca combatir irregularidades y garantizar que la concesión de esta arteria vital para la economía argentina beneficie al conjunto de la sociedad.