La corrupta expresidente exigió el pago retroactivo de los haberes retenidos, junto con los "intereses correspondientes"
El Gobierno de Javier Milei rechazará el recurso presentado por la condenada por corrupción Cristina Kirchner para evitar la suspensión de su multimillonaria jubilación de privilegio.
La expresidente solicitó, a través de un trámite ante la ANSES, dirigida por Mariano de los Heros, la restitución de una asignación especial de $35.000.000 mensuales.
La presentación fue realizada por su abogado, Facundo Fernández Pastor, quien representa a la líder, de facto, del Partido Justicialista.
Argumentó que la medida supuestamente "viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional" y que no se notificó adecuadamente. Además de solicitar la restitución de su jubilación y pensión, la corrupta expresidente exigió el "pago retroactivo" de los "haberes retenidos", junto con los "intereses correspondientes".
Desde la Casa Rosada anticiparon que no darán curso al planteo administrativo y consideran que el conflicto terminará resolviéndose en la Justicia.
La defensa oficial está a cargo del secretario legal de ANSES, Andrés Mariano Bousquet, quien fundamentará que la condena en la causa Vialidad constituye una prueba de "mal desempeño" y de "vulneración del honor de la magistratura", en línea con el artículo 36 de la Constitución Nacional.
El Gobierno de Milei también apelará al artículo 29 de la ley 24.018, que establece que las asignaciones vitalicias "no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones".
Cristina Kirchner es además señalada por "indignidad" y por haber cometido delitos graves contra el Estado que resultaron en enriquecimiento ilícito, atentando contra el sistema democrático. Como antecedente, se menciona la anulación de beneficios para expresidentes de facto del período 1976-1983.
El Gobierno de Milei sostiene que las asignaciones de privilegio son "jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional".
