El Gobierno revocó la cesión de 25 mil hectáreas a 'comunidades mapuches' en Mendoza

Repercusiones de la decisión

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, celebró la anulación y denunció que en 2023 “intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado”. También destacó “el compromiso del titular del INAI, Claudio Avruj, cuya gestión permitió la anulación de estas resoluciones”.

Casado remarcó que esta medida “reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial”, y advirtió que no permitirán decisiones arbitrarias sin sustento legal.

Una cesión cuestionada desde el inicio

La cesión de estas tierras en 2023 se realizó bajo la firma del entonces presidente del INAI, Alejandro Marmoni, sin la intervención del gobierno de Mendoza. Se justificó la decisión en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente.

Como resultado de esa medida, la comunidad Lof Limay Kurref había recibido 4.477 hectáreas, la Lof Suyai Leufu unas 3.584 m² y la Lof El Sosneado 21.370 hectáreas. Sin embargo, la provincia argumentó que no existían pruebas suficientes para acreditar la ancestralidad de las comunidades en esos territorios y cuestionó la falta de consulta.

Revisión de políticas en el INAI

Con esta decisión, el gobierno de Milei establece que cualquier cesión de tierras deberá contar con la participación del gobierno provincial correspondiente. La medida se conoce en un contexto de creciente conflicto en la Patagonia, donde en las últimas semanas se registraron incendios intencionales atribuidos a grupos radicalizados.

Desde el INAI aseguraron que revisarán otros casos similares y que se trabajará en un marco normativo que garantice seguridad jurídica tanto para las comunidades indígenas como para las provincias y los propietarios afectados.

Desde el Ejecutivo mendocino señalaron que “se habían vulnerado derechos provinciales” y que el reconocimiento de estas ocupaciones se realizó de manera unilateral, sin consulta previa. Además, recordaron que otras provincias enfrentan reclamos similares por parte de propietarios legítimos que defienden sus tierras.