El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), suspendió o dio de baja más de 80.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, como parte de una auditoría integral que abarca a un millón de beneficiarios. Según fuentes oficiales, el 60% de quienes percibían esta asignación no se presentó a la revisión médica obligatoria, requisito indispensable para mantener el beneficio.
Según precisó la ANDIS, a 65.230 personas se les suspendió el beneficiopor diversas irregularidades; 8.207 renunciaron voluntariamente a la asignación estatal para evitar un eventual juicio, y otras 6.643 fueron dadas de baja al confirmarse el fallecimiento del titular. En algunos de estos casos, los pagos continuaban siendo cobrados por familiares. En total, el Estado dejó de abonar 80.080 pensiones, lo que representa un ahorro mensual de $23.143.120.000, considerando el monto mensual de $289.000 por beneficiario.
La auditoría es ejecutada por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad, y alcanza a todos los beneficiarios mayores de edad bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, exceptuando a menores y personas ya auditadas en 2024.
Manuel Adroni junto a la radiografía del perro que se usó para obtener una pensión por discapacidad.
“La importancia de estas auditorías es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada”, señalaron desde el organismo. Además, expresaron su intención de que “este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios”.
El procedimiento incluye la notificación al beneficiario mediante carta documento, con fecha, hora y lugar de revisión. En caso de no asistir, se envía una segunda intimación. Si aún no comparece, se suspende el pago del beneficio y se notifica en la entidad bancaria correspondiente.
Solo si se comunica con la ANDIS para regularizar su situación médica puede evitar la baja definitiva. Para la revisión, se exige presentar el DNI, el Certificado Único de Discapacidad(si lo posee)y los certificados médicos que dieron origen a la pensión.
El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que “entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes, incluso en países que han sufrido guerras mundiales”. Agregó que “bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023”.
Además, el funcionario sostuvo que durante los gobiernos kirchneristas se habrían entregado hasta mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en actos políticos, lo que implicaría unos 300 millones de pesos mensuales.
El Gobierno suspendió 80 mil pensiones por invalidez falsas que otorgó el kirchnerismo.
Entre los casos detectados en la auditoría, se registraron certificados médicos con“amputaciones que no eran tales”, una misma radiografía utilizada en 150 trámites, diagnósticos por “pie plano”, personas privadas de libertad, y beneficiarios fallecidos cuyos familiares continuaban cobrando. También se citó el caso de una mujer que “se disfrazó para hacerse pasar por su esposo”, y el de un hijo que admitió que su padre “vive en Egipto desde hace meses” mientras él cobraba la pensión.
El Decreto 842/2024, publicado el 9 de abril, reformó el régimen vigente y otorgó mayores atribuciones a la ANDIS. El nuevo marco legal impone la “obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios”, endurece las condiciones de incompatibilidad y permite a la agencia “suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades”.
Se autoriza también el intercambio de información con otros organismos como ANSES, AFIP, PAMI y el Ministerio de Justicia.
En este contexto, se detectó que 212 presos y 331 prófugos de la justicia cobraban de forma irregular pensiones por invalidez laboral. En el 85% de los casos de presos beneficiarios, las pensiones fueron otorgadas durante gobiernos kirchneristas.
El Ejecutivo sostiene que las auditorías buscan asegurar el uso responsable de los recursos del Estado. “Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández hicieron una política de subsidios discrecionales, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta. Es lo que estamos revirtiendo”, indicaron desde la ANDIS.
