El Gobierno de Trump dio un fuerte respaldo a la Argentina en el juicio por YPF

“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, señaló el organismo liderado por Santiago Castro Videla.

“La situación ha cambiado. El gobierno del presidente Milei ha logrado que, en menos de un año, y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa. Se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino”, resaltaron.

Es importante señalar que este tipo de pronunciamientos no son de cumplimiento obligatorio, y que los jueces pueden tomar decisiones diferentes a las sugerencias del Departamento de Justicia. 

El argumento de EEUU

“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países”, sostienen los documentos presentados por funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En los escritos también se advierte que la Argentina podría enfrentar un perjuicio irreparable si no se otorga la suspensión, ya que, en caso de entregar las acciones de YPF a los acreedores en territorio estadounidense, “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”.

Además, se subraya que exigirle al país la constitución de una fianza durante el proceso apelatorio implicaría que deba identificar activos en Estados Unidos, los cuales quedarían expuestos a potenciales embargos.

Los funcionarios norteamericanos también sostienen que existen razones para creer que la Argentina podría tener éxito en su apelación, ya que la orden del tribunal de distrito que exige la transferencia de las acciones no se ajusta a los principios legales previamente mencionados.

Por otra parte, argumentan que la suspensión de la sentencia no causaría un perjuicio real a los demandantes, dado que “la Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”.

Los tres escritos, uno por cada parte demandante, presentan planteos similares y llevan las firmas de Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, fiscal asistente.

Por otra parte, y tal como se esperaba, este jueves los beneficiarios de la sentencia en contra de Argentina presentaron sus argumentos para evitar cualquier demora en la ejecución de la resolución judicial.