El Gobierno de Trump dio un fuerte respaldo a la Argentina en el juicio por YPF

El Gobierno de Donald Trump oficializó ante la Justicia su respaldo a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, un litigio que ya lleva una década y por el cual el Estado argentino fue condenado en primera instancia en 2023 a pagar más de USD 16.000 millones, debido a irregularidades en la nacionalización de la petrolera en 2012, durante el mandato de la corrupta Cristina Kirchner.

Estados Unidos intervino en calidad de amicus curiae, es decir, como parte interesada en colaborar con el tribunal, a través de una presentación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de ayudar al Gobierno de Javier Milei. En el escrito, recomendó que dicho tribunal “debería suspender la orden de transferencia (de las acciones de YPF) a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”.

“El Gobierno argentino ha obtenido el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF, dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio”, explicó la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de coordinar la defensa legal del Estado nacional.

“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, señaló el organismo liderado por Santiago Castro Videla.

“La situación ha cambiado. El gobierno del presidente Milei ha logrado que, en menos de un año, y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa. Se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino”, resaltaron.

Es importante señalar que este tipo de pronunciamientos no son de cumplimiento obligatorio, y que los jueces pueden tomar decisiones diferentes a las sugerencias del Departamento de Justicia. 

Por otra parte, y tal como se esperaba, este jueves los beneficiarios de la sentencia en contra de Argentina presentaron sus argumentos para evitar cualquier demora en la ejecución de la resolución judicial.

El argumento de EEUU

“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países”, sostienen los documentos presentados por funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En los escritos también se advierte que la Argentina podría enfrentar un perjuicio irreparable si no se otorga la suspensión, ya que, en caso de entregar las acciones de YPF a los acreedores en territorio estadounidense, “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”.

Además, se subraya que exigirle al país la constitución de una fianza durante el proceso apelatorio implicaría que deba identificar activos en Estados Unidos, los cuales quedarían expuestos a potenciales embargos.

Los funcionarios norteamericanos también sostienen que existen razones para creer que la Argentina podría tener éxito en su apelación, ya que la orden del tribunal de distrito que exige la transferencia de las acciones no se ajusta a los principios legales previamente mencionados.

Por otra parte, argumentan que la suspensión de la sentencia no causaría un perjuicio real a los demandantes, dado que “la Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”.

Los tres escritos, uno por cada parte demandante, presentan planteos similares y llevan las firmas de Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, fiscal asistente.