Imputaron a Alberto Fernández luego de que Martín Guzmán confesara sus delitos en vivo

El kirchnerista Alberto Fernández enfrenta una nueva causa judicial. El fiscal Carlos Stornelli lo imputó por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en relación con la gestión de la dictatorial cuarentena decretada durante la pandemia de Covid en 2020 y 2021.

La imputación surge a partir de una denuncia presentada por Yamil Santoro, legislador porteño, quien utilizó las recientes declaraciones públicas de Martín Guzmán en el canal de streaming Cenital en donde, respecto a las causas de las medidas de aislamiento, confesó los crímenes del gobierno kirchnerista.

Stornelli, que lidera la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, ha indicado que se investigarán "las posibles conductas delictivas" de Fernández, quien está acusado de "extender de manera indebida" las restricciones, con graves consecuencias sociales y económicas.

"De acuerdo con los escritos de denuncia, el exministro de Economía de la administración, Martín Guzmán, habría afirmado en una entrevista periodística que '(…) dada la información técnica que poseía, la cuarentena fue más prolongada de lo necesario' y que esta extensión obedeció a motivos de conveniencia política, o a una especie de 'bandera política', ya que estaba 'bien con la sociedad' y que 'la gestión de la pandemia era lo que fortalecía al Gobierno'. Guzmán incluso habría mencionado: 'Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede  (relajar la cuarentena)'”, destacó Stornelli en su solicitud de instrucción a la jueza federal María Servini.

Entre las medidas solicitadas para avanzar en la investigación, Stornelli ha pedido que se obtengan todas las normas dictadas por el Ejecutivo para imponer restricciones durante la cuarentena. También ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) información estadística sobre las medidas sanitarias adoptadas por otros países durante la pandemia, especificando su duración, impacto sobre las libertades civiles y resultados en la prevención de contagios.

Además, requirió al gobierno de Javier Milei que informe si existe documentación sobre encuestas que la administración anterior pudo haber solicitado (a organismos públicos o consultoras privadas) para conocer la opinión pública sobre la cuarentena.

La denuncia a Alberto Fernández 

La denuncia Yamil Santoro fundamentó su denuncia contra Alberto Fernández en la presunta comisión de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.

Esta denuncia cuenta con el respaldo de José Magioncalda, director del equipo legal de la Fundación Apolo, que ha llevado a cabo varias demandas durante la pandemia, y del abogado Ignacio Falcón.

"No podemos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas con fines políticos. Las decisiones tomadas durante la pandemia no solo impactaron negativamente en la economía y la salud de los argentinos, sino que, según estos nuevos testimonios, se usaron como herramientas de marketing político. Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado", subrayó Santoro, legislador de Republicanos Unidos y director general de la Fundación Apolo.

La denuncia señala que "las normas restrictivas de las libertades públicas aplicadas durante la pandemia del COVID-19 tuvieron un impacto negativo en la economía, la educación y la salud de muchos ciudadanos" y sostiene que "la libertad de circulación, de trabajo y de acceso a establecimientos educativos fue severamente limitada durante un período que muchos expertos consideraron excesivo".

Asimismo, se considera que "los comentarios del exministro de Economía, Martín Guzmán, sugieren que lo mencionado no sería simplemente un error de cálculo, sino que respondería a una finalidad política, y que la prolongada duración de las restricciones a los derechos de los argentinos durante la pandemia se realizó sabiendo que no había datos técnicos que justificaran tal extensión".

Por ello, se argumenta que el expresidente, al firmar al menos parte de los DNU con las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID-19, podría haber incurrido en los delitos tipificados en los artículos 248, 249 y 142 del Código Penal.

El fiscal Guillermo Marijuan también presentó una denuncia similar contra Alberto Fernández y otros funcionarios de su gobierno involucrados en las autoritarias decisiones. "Esto confirma, a través de un hecho nuevo, que hubo una gestión extremadamente deficiente de la situación en ese momento tan doloroso para la población", destacó.