La Justicia bonaerense revocó el fallo de la jueza K que suspendió la baja de la edad de imputabilidad en PBA

La Cámara puso el foco en el principio de división de poderes y sostuvo que los tribunales no pueden dejar de aplicar una norma vigente por considerar inconvenientes o desacertadas sus consecuencias, especialmente cuando se trata de decisiones vinculadas con la política criminal, materia reservada primordialmente al Poder Legislativo.

Para fundamentar su decisión, el tribunal citó el precedente “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo” de la Corte Suprema, dictado en 2010. Allí se estableció que el sistema argentino adopta un modelo difuso de control de constitucionalidad, que permite a los jueces analizar la validez de una norma en casos concretos, pero no hacer cesar su vigencia con carácter general.

Con ese criterio, la Cámara consideró que suspender cautelarmente una ley sancionada por el Congreso en todo el territorio provincial resulta incompatible con el sistema republicano de gobierno. Por ello, hizo lugar a la apelación y dejó sin efecto la suspensión de 60 días.

Finalmente, la Cámara ordenó a la jueza de primera instancia revisar de manera urgente su competencia para continuar interviniendo, al considerar que el objeto de este hábeas corpus era diferente de otra acción relacionada con las condiciones de detención del Centro de Recepción de Lomas de Zamora.

Para justificar la medida, Pascual había puesto la excusa de que la incorporación de delincuentes de 14 y 15 años podía generar una lesión grave e inminente de "derechos fundamentales" si no existían condiciones materiales, institucionales y profesionales adecuadas.

La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, que cuestionó que una medida cautelar pudiera suspender una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El Fiscal General sostuvo además que el hábeas corpus preventivo exige una amenaza concreta a la libertad ambulatoria o a las condiciones en que esta se ejerce, y que una eventual afectación futura no justificaba suspender una ley nacional para todas las personas alcanzadas.

El revés para la jueza kirchnerista

Al resolver, los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi recordaron que las leyes regularmente sancionadas gozan de presunción de legitimidad y que su eventual inaplicabilidad requiere un control de constitucionalidad o convencionalidad en un caso concreto.