En una medida que marca un cambio de paradigma en materia de seguridad, el Gobierno de Javier Milei dispuso la reutilización de armas decomisadas a delincuentes para fortalecer el equipamiento de las Fuerzas Federales.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunció el decomiso de 471 armas de fuego, las cuales, tras ser evaluadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), será destinadas a combatir el crimen organizado.
"471 armas decomisadas, seleccionadas por la ANMaC, ya están en manos de nuestras Fuerzas Federales. Sumamos equipamiento para enfrentar al crimen organizado. Antes se destruían, hoy se usan para cuidar a los argentinos. Arma que le sacamos al delito, vuelve contra el delito”, expresó Bullrich en su cuenta oficial de X, acompañando el anuncio con un video explicativo.
Armas incautadas.
La medida fue posible gracias a un decreto firmado por el presidente Javier Milei, que permite que aquellas armas que se encuentren en buen estado y sean compatibles con el uso policial, pasen a formar parte del arsenal de las fuerzas que patrullan las calles. El objetivo es doble: optimizar recursos y, al mismo tiempo, enviar un mensaje contundente a las organizaciones criminales.
“Antes, las armas en buenas condiciones las destruían. Hoy, esas armas que les sacamos a los delincuentes vuelven a ser utilizadas por las fuerzas del orden. Porque con nosotros, el que las hace, las paga”, enfatizó Bullrich en el video difundido en redes.
La decisión refleja una política de Estado orientada a maximizar el uso eficiente de los recursos disponibles en el combate al crimen. Lejos de las prácticas burocráticas del pasado, que descartaban material útil, la actual administración libertaria busca convertir cada acción contra el delito en una herramienta concreta de protección ciudadana.
Patricia Bullrich.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que todas las armas pasan por un riguroso proceso de evaluación técnica, jurídica y balística, a cargo de la ANMaC. Solo aquellas que cumplen con los estándares requeridos son asignadas a las fuerzas, garantizando así la legalidad y seguridad del procedimiento.
Esta iniciativa se inscribe en un conjunto más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, que apunta a recuperar el control del espacio público y brindar mayor respaldo operativo a las fuerzas de seguridad. Con esta decisión, no solo se mejora el equipamiento, sino que se establece una nueva política, en donde los recursos del delito deben ser transformados en instrumentos al servicio de la ley.
