Tras la escandalosa sesión ilegal impulsada por el kirchnerismo en el Senado, donde se aprobaron leyes de altísimo impacto fiscal sin cumplir con los procedimientos constitucionales ni reglamentarios, el Gobierno de Javier Milei ya anticipó las próximas medidas.
Antes de que se aprobaran las leyes, de manera irregular, aclararon que se vetarán todas las iniciativas sancionadas y acudir a la Justicia para invalidar la sesión.
En este contexto, cobra plena vigencia una herramienta constitucional tantas veces utilizada por presidentes anteriores: el veto presidencial, figura prevista por el artículo 83 de la Constitución Nacional como salvaguarda frente a leyes que atentan contra el interés general.
Javier Milei, presidente de Argentina.
El presidente Javier Milei ya ha ejercido esta facultad en dos ocasiones, pero aún está muy lejos de los antecedentes de sus predecesores. El expresidente radical Raúl Alfonsín vetó 49 leyes; Carlos Menem, 195; Fernando de la Rúa, 46; Néstor Kirchner, 36; Cristina Kirchner, 18; Mauricio Macri, 8; y Alberto Fernández, 12. Es decir, el uso del veto ha sido una constante en la democracia argentina, incluso entre gobiernos de distintos signos ideológicos.
Frente a la irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo, que con su maniobra parlamentaria busca impulsar un golpe institucional mediante un gasto descontrolado, destruyendo el superávit fiscal y así condicionar el rumbo económico del país, el veto no solo es legítimo, sino necesario.
La restauración de la moratoria previsional, el aumento automático de jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la creación de fondos discrecionales para municipios comprometen más de 2,5 puntos del PBI, un golpe directo al corazón del programa de déficit cero, el cual generó una reducción drástica de la inflación, de la pobreza y el fuerte crecimiento económico.
Javier Milei, presidente de Argentina.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya fue claro: “Si envían las leyes, el Poder Ejecutivo las va a vetar y además va a plantear judicialmente la ilegitimidad”. La combinación de veto y judicialización será la respuesta institucional del Gobierno para contener el intento de sabotaje fiscal y político, ejecutado a través de una sesión convocada en forma ilegal y con quórum insuficiente.
El veto de Milei no será un capricho, sino una obligación republicana para preservar el equilibrio fiscal, el mandato popular y el funcionamiento constitucional de la República.
