El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado a la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que aplace su decisión sobre el pedido de Burford Capital para que se le entreguen el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino.
Esto se enmarca en la demanda por la expropiación de la petrolera en 2012. El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió que se le permita presentar su opinión antes del 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza tiene la posibilidad de rechazar esta solicitud.
El papel de EE.UU. y la postura de Argentina
La información fue divulgada por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, quien sugirió que la intervención del Departamento de Justicia sería un amicus curiae en apoyo a Argentina. Según Maril, Estados Unidos podría recomendar que Preska no ordene la transferencia de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo, argumentando que Argentina y Estados Unidos son naciones soberanas amigas con buenas relaciones diplomáticas. Sin embargo, también señaló que EE.UU. está al tanto de que Argentina violó las leyes de los mercados de capitales, lo que podría llevar a la jueza a nombrar a un Special Master (mediador) para resolver el conflicto.
El fallo multimillonario contra Argentina
En 2022, Argentina fue condenada por la jueza Preska por mala praxis expropiatoria en la nacionalización de YPF. Como resultado, el país deberá pagar USD 16.000 millones, una cifra que, con los intereses, pronto alcanzará los USD 17.000 millones. Esta cantidad es imposible de pagar en el contexto económico actual de Argentina. El fallo fue apelado y actualmente está siendo revisado en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York.
Burford Capital presiona por el cobro
Mientras la causa sigue en el estrado de Preska, Burford Capital, el bufete que compró los derechos de litigio y es el principal beneficiario de la condena, sigue buscando maneras de cobrar la deuda. Hasta ahora, no ha logrado negociar con ninguno de los cuatro presidentes que han gobernado Argentina durante el curso de la demanda: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual presidente Javier Milei.
Burford ha sido comparado con un "fondo buitre" debido a su agresiva estrategia legal. Ha interpuesto acciones contra Argentina para intentar embargar bienes estatales en el extranjero, demostrar que YPF y el gobierno argentino son "alter ego", e incluso ha intentado incluir a YPF nuevamente en la causa. El objetivo principal de Burford es obtener el traspaso del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado argentino.
Búsqueda de pruebas y posibles embargos
Los demandantes también han dirigido sus acciones contra otras entidades estatales como el Banco Central, el Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas. En su intento por probar la figura de "alter ego", Burford ha solicitado la entrega de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios del actual y anterior gobierno.
Recientemente, la jueza Preska ordenó la entrega de información vinculada al ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y al ex secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, ambos colaboradores cercanos del ex ministro de Economía, Sergio Massa. Se espera que los datos se extraigan de servidores oficiales, aunque aún no está claro cómo se podría acceder a correos electrónicos privados o respaldos de WhatsApp.
