El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado a la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que aplace su decisión sobre el pedido de Burford Capital para que se le entreguen el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino.
Esto se enmarca en la demanda por la expropiación de la petrolera en 2012. El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió que se le permita presentar su opinión antes del 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza tiene la posibilidad de rechazar esta solicitud.
El papel de EE.UU. y la postura de Argentina
La información fue divulgada por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, quien sugirió que la intervención del Departamento de Justicia sería un amicus curiae en apoyo a Argentina. Según Maril, Estados Unidos podría recomendar que Preska no ordene la transferencia de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo, argumentando que Argentina y Estados Unidos son naciones soberanas amigas con buenas relaciones diplomáticas. Sin embargo, también señaló que EE.UU. está al tanto de que Argentina violó las leyes de los mercados de capitales, lo que podría llevar a la jueza a nombrar a un Special Master (mediador) para resolver el conflicto.
El fallo multimillonario contra Argentina
En 2022, Argentina fue condenada por la jueza Preska por mala praxis expropiatoria en la nacionalización de YPF. Como resultado, el país deberá pagar USD 16.000 millones, una cifra que, con los intereses, pronto alcanzará los USD 17.000 millones. Esta cantidad es imposible de pagar en el contexto económico actual de Argentina. El fallo fue apelado y actualmente está siendo revisado en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York.
