Un tribunal de Alberta rechazó este miércoles una petición que buscaba abrir la puerta a un referéndum sobre la independencia de la provincia canadiense, tras determinar que el proceso impulsado por el grupo separatista ''Stay Free Alberta'' no cumplió con el deber constitucional de consultar a comunidades indígenas afectadas. La decisión fue emitida por la jueza Shaina Leonard en un tribunal de Edmonton y deja en incertidumbre el futuro de una iniciativa que había reunido más de 300.000 firmas.
El caso se originó cuando ''Stay Free Alberta'' presentó una petición ciudadana que habría permitido convocar a una votación provincial sobre la posible secesión de Alberta de Canadá. Sin embargo, varias Primeras Naciones (pueblos indígenas), entre ellas ''Athabasca Chipewyan First Nation'', ''Blood Tribe'', ''Piikani Nation'' y ''Siksika Nation'', interpusieron una demanda argumentando que cualquier intento de separación tendría consecuencias directas sobre los tratados históricos firmados en el siglo XIX entre sus pueblos y la Corona, y que siguen vigentes en el marco constitucional canadiense.
En su fallo de 37 páginas, la jueza Leonard sostuvo que era ''evidente'' que la independencia de Alberta tendría un impacto profundo sobre esos acuerdos y, por lo tanto, activaría la obligación legal de consulta previa con los pueblos indígenas. La magistrada concluyó que esa consulta no se realizó en ningún momento antes de avanzar con la iniciativa del referéndum, lo que constituiría una violación del deber constitucional de la Corona y de las autoridades involucradas.
''Como cuestión de lógica y sentido común, no hay duda de que la secesión de Alberta de Canadá tendrá un impacto en los tratados'', escribió la jueza, subrayando que la ausencia de consulta previa hacía que el proceso fuera jurídicamente defectuoso. Como consecuencia, el tribunal ordenó detener la verificación de firmas recogidas por los promotores del referéndum, frenando de manera inmediata el avance de la iniciativa.
El grupo ''Stay Free Alberta'', representado por el abogado Jeff Rath, rechazó la decisión y anunció que presentará una apelación. Rath argumentó que el fallo contiene errores legales y que vulnera principios de justicia natural, además de limitar el derecho de los ciudadanos a expresar su voluntad política. También indicó que evalúan solicitar una suspensión temporal de la orden judicial mientras se revisa el caso en instancias superiores.
Desde el lado de las comunidades indígenas, la resolución fue recibida como una victoria legal significativa. Kevin Hille, abogado de la ''Athabasca Chipewyan First Nation'', afirmó que el fallo confirma la obligación de consultar a los pueblos originarios antes de avanzar con cualquier decisión que pueda afectar sus derechos territoriales y tratados. Según Hille, el tribunal dejó claro que no es posible avanzar hacia un proceso de esta magnitud sin una participación real de las comunidades afectadas.
