El intento de Cristina Kirchner por transformar su arresto domiciliario en un centro convenciones despertó gran indignación en la sociedad y chocó contra la justica. Tras la fotografía que ella misma difundió, posando en el living del departamento de San José 1111 junto a un grupo de nueve economistas, el juez federal Jorge Gorini decidió aplicar restricciones formales al régimen de visitas que regía para la ex mandataria condenada el robo de $685.000 millones en la Causa Vialidad.
La postal, que Cristina presentó en redes sociales como una reunión más de “debate político”, fue la gota que rebalsó un vaso que venía llenándose desde hace meses. Hasta ahora, el Tribunal Oral Federal 2 concedía las visitas solicitadas por su abogado Carlos Beraldi, siempre bajo argumentos genéricos y sin mayores objeciones. Pero nunca se había autorizado una escena como la que ella eligió mostrar: diez personas reunidas simultáneamente dentro de un domicilio que funciona legalmente como una unidad de detención. Cristina, en otra multitudinaria reunión junto al diputado de origen israelí, Itai Hagman.
El juez Gorini resolvió que, de acá en adelante, Cristina Kirchner sólo podrá recibir visitas dos veces por semana, con un máximo de tres personas por encuentro y un límite de dos horas. En otras palabras: lo que se aplicó no es una sanción política, sino una corrección explícita para evitar que el arresto domiciliario —un beneficio excepcional respecto a la prisión común— se desnaturalice.
La reacción de Cristina no tardó en llegar. Desde sus redes sociales se quejó del fallo y lo atribuyó a sus críticas públicas contra el actual modelo económico, intentando presentarse como víctima de una supuesta persecución. Sin embargo, la realidad es mucho más prosaica: la propia ex presidenta publicó una imagen que demostraba el uso indebido del régimen que la Justicia le concedió. La foto, más que un gesto político, fue una admisión pública de la irregularidad.
El Tribunal, en su resolución, dejó asentado que la reunión masiva alteró por completo las reglas del arresto. El pedido de Beraldi para recibir a los economistas nunca detalló que se trataría de una reunión grupal ni que involucraría a nueve personas al mismo tiempo. En cualquier otro caso judicial, una situación así habría derivado en un apercibimiento inmediato. Aquí, la respuesta fue moderada: ordenar límites razonables que eviten futuros excesos. Cristina en otra reunión multitudinaria.
El caso expone una práctica conocida del kirchnerismo: llevar los márgenes legales al extremo hasta que la Justicia se ve obligada a intervenir. Tras el abuso del protocolo, fue advertida que en caso de volver a incurrir en faltas podría quitársele el beneficio de la prisión docimiciliaria.
El Tribunal dejó en claro que la domiciliaria no la habilita a convertir su domicilio en una unidad basica o centro de operaciones políticas. Mientras la ex presidenta intenta instalar que es objeto de hostigamiento, lo cierto es que el ajuste de condiciones era inevitable. Cristina seguirá recibiendo visitas —como corresponde según la ley—, pero dentro de límites compatibles con su condición de condenada.
