Un fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires resolvió avanzar con más regulaciones para plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify.
La resolución, que surge de un litigio impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis, ordena al Gobierno porteño avanzar en la regulación del sector, equiparando las exigencias con las que rigen para los taxis tradicionales.
La sentencia se enmarca en un conflicto de larga data entre los taxistas, el Gobierno de la Ciudad y representantes de conductores y usuarios de plataformas digitales.
En este contexto, el tribunal resolvió hacer lugar al planteo del sector taxista al considerar que existió una supuesta “omisión ilegítima” por parte del Ejecutivo local en su deber de control sobre estas aplicaciones.
Uber.
Como consecuencia directa de esta decisión, los conductores de Uber, DiDi y Cabify deberán cumplir con nuevas obligaciones, entre ellas la obtención de una licencia profesional y la contratación de seguros específicos, requisitos que hasta ahora no eran exigidos bajo el mismo esquema que al servicio de taxis.
La polémica medida
El eje central del fallo radica en la interpretación sobre la naturaleza del servicio que prestan estas plataformas. Mientras que tanto conductores como usuarios sostenían que se trataba de un “transporte privado” regulado por el Código Civil y Comercial, y, por lo tanto, ajeno a las normativas del transporte público, la Cámara rechazó ese argumento.
En su resolución, el tribunal estableció que, ante la ausencia de una normativa específica, la actividad desarrollada mediante aplicaciones digitales debe considerarse, en los hechos, un "servicio de transporte de pasajeros".
En esa línea, definió la actividad como el traslado de personas en un vehículo a cambio de una contraprestación económica, encuadrándola dentro de lo previsto por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Taxistas.
Uno de los fundamentos centrales de la sentencia fue la "desigualdad regulatoria" entre ambos sectores. Según el fallo, resultaría “irrazonable” mantener un esquema en el que los taxistas deben afrontar cargas económicas y regulatorias estrictas, mientras que las plataformas operan sin esas mismas exigencias, pese a realizar una actividad similar.
No obstante, en lugar reducir regulaciones y facilitar el negocio, beneficiando tanto a los conductores como a los pasajeros, el sector de los taxistas, junto con la Justicia, apunta directamente contra las plataformas de transporte para que sean "igualmente perjudicadas".
Ahora, el poco estará puesto sobre el impacto negativo que estas nuevas regulaciones podrían tener en el funcionamiento de las plataformas y en la oferta de transporte disponible para los usuarios.
La imposición de mayores requisitos podría modificar sustancialmente el modelo operativo de servicios como Uber, que hasta ahora se diferenciaban precisamente por su eficiencia, comodidad, flexibilidad y menores barreras de entrada.
