Todo esto sucedió bajo la supervisión de Keir Starmer, quien no dejó evidencia alguna de haberse opuesto a estas directrices de sentencias, que entraron en vigor en abril de 2014.
En ningún momento expresó públicamente preocupación por el hecho de que estas nuevas políticas pudieran resultar en que un número considerable de delincuentes sexuales de menores pudieran evitar la prisión.
En otras palabras, se podría sostener razonablemente que Starmer tiene una responsabilidad considerable en que, desde 2014 hasta el presente, los delincuentes sexuales de menores en Inglaterra y Gales hayan tenido la oportunidad de evitar la cárcel.
Defensor de los violadores y pedófilos
El documento del Consejo de Sentencias de ese momento deja en claro, en las primeras páginas de su introducción, que Starmer y sus colegas del Consejo concluyeron que ciertos delitos sexuales no eran lo suficientemente graves como para justificar una condena de prisión.
"El Consejo considera", afirma el documento, "que en algunos casos tanto la víctima como el público estarán mejor protegidos con la imposición de una sanción en forma de una orden comunitaria rigurosa, con programas diseñados para desafiar a los infractores a cambiar su comportamiento y, sobre todo, a evitar la reincidencia".
El texto continúa enumerando varios delitos que Starmer y otros miembros del Consejo consideraron que debían ser castigados con órdenes comunitarias.
Estos incluyen delitos como "agresión por penetración", "actividad sexual con un niño", "agresión sexual a un niño menor de 13 años", "causar o incitar a un niño a participar en una actividad sexual", "incitar a un niño miembro de la familia a participar en una actividad sexual", "causar a un niño a observar un acto sexual", "posesión de una fotografía indecente de un niño" y "organizar o facilitar la prostitución o la pornografía infantil".
