El 8 de abril de 2011, el ahora primer ministro socialista del Reino Unido, Keir Starmer, participó junto a varios de los principales expertos legales del país en una sesión mensual del Consejo de Sentencias, una entidad autónoma y de gran influencia que orienta a jueces y magistrados sobre las penas a imponer a los delincuentes condenados.
Fue un día largo para Starmer, quien entonces era el Director del Ministerio Público, y estuvo acompañado por otros 12 miembros del comité y al menos 15 funcionarios y observadores, alrededor de lo que debe haber sido una de las mesas de conferencias más largas de todo el país.
Entre los temas tratados se incluyeron la "cobertura mediática" de una reciente consulta sobre sentencias relacionadas con delitos de drogas, donde algunos miembros fueron criticados por su sesgo de izquierda, así como las multas apropiadas para castigar robos, agresiones y comportamientos antisociales. Sin embargo, fue el séptimo punto de la agenda el que, al menos para Starmer, resultó ser el más polémico.
Las actas de la reunión, presidida por Brian Leveson (conocido por su investigación sobre la prensa), revelan que al ahora primer ministro británico y a sus colegas se les presentaron las "conclusiones preliminares" de una revisión sobre la "práctica actual de imposición de sentencias por delitos sexuales".
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Fue el inicio de un largo proceso que culminaría, tres años después, con una serie de cambios significativos, desafortunadamente erróneos, en la manera en que los tribunales de Inglaterra y Gales manejan estos crímenes tan graves.
Durante ese tiempo, Keir Starmer participó en 21 de las 23 reuniones en las que el Consejo de Sentencias desarrolló nuevas pautas relacionadas con 50 delitos sexuales diferentes.
Los delitos analizados en esta revisión incluyeron desde violación y agresión sexual hasta prostitución, acoso sexual, tráfico de personas y pornografía infantil.
Finalmente, el Consejo, integrado por Starmer, determinó que 20 de estos delitos podrían, bajo ciertas circunstancias, ser castigados solamente con penas comunitarias en lugar de penas privativas de libertad.
Este número incluye ocho delitos en los que la víctima principal es un niño. Entre estos delitos se encuentran "agresión sexual a un niño menor de 13 años", "posesión de una fotografía indecente de un niño", "pago por los servicios sexuales de un niño" y "organización o facilitación de la explotación sexual infantil".
Keir Starmer, primer ministro británico.
Todo esto sucedió bajo la supervisión de Keir Starmer, quien no dejó evidencia alguna de haberse opuesto a estas directrices de sentencias, que entraron en vigor en abril de 2014.
En ningún momento expresó públicamente preocupación por el hecho de que estas nuevas políticas pudieran resultar en que un número considerable de delincuentes sexuales de menores pudieran evitar la prisión.
En otras palabras, se podría sostener razonablemente que Starmer tiene una responsabilidad considerable en que, desde 2014 hasta el presente, los delincuentes sexuales de menores en Inglaterra y Gales hayan tenido la oportunidad de evitar la cárcel.
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El documento del Consejo de Sentencias de ese momento deja en claro, en las primeras páginas de su introducción, que Starmer y sus colegas del Consejo concluyeron que ciertos delitos sexuales no eran lo suficientemente graves como para justificar una condena de prisión.
"El Consejo considera", afirma el documento, "que en algunos casos tanto la víctima como el público estarán mejor protegidos con la imposición de una sanción en forma de una orden comunitaria rigurosa, con programas diseñados para desafiar a los infractores a cambiar su comportamiento y, sobre todo, a evitar la reincidencia".
El texto continúa enumerando varios delitos que Starmer y otros miembros del Consejo consideraron que debían ser castigados con órdenes comunitarias.
Estos incluyen delitos como "agresión por penetración", "actividad sexual con un niño", "agresión sexual a un niño menor de 13 años", "causar o incitar a un niño a participar en una actividad sexual", "incitar a un niño miembro de la familia a participar en una actividad sexual", "causar a un niño a observar un acto sexual", "posesión de una fotografía indecente de un niño" y "organizar o facilitar la prostitución o la pornografía infantil".
