El kirchnerismo presentará en el Congreso un delirante proyecto de "reforma laboral" propio, concebido explícitamente como una contracara del proyecto de modernización impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Con el aval político de la corrupta Cristina Kirchner y el respaldo de sectores sindicales de la CGT y la CTA, la iniciativa busca instalar una “contrarreforma” que, según sus impulsores, defienda "derechos laborales" y revierta el supuesto "deterioro salarial", pero que, de ser aprobado, terminaría generando graves daños para la economía.
Sin embargo, el contenido del proyecto propone un escenario de mayores costos para las empresas y efectos negativos sobre el empleo formal, en un mercado laboral que ya arrastra problemas estructurales desde hace décadas.
Cristina Kirchner, condenada por corrupción.
El borrador fue coordinado desde la Secretaría de Relaciones Laborales del Partido Justicialista, encabezada por la diputada Vanesa Siley, y articulado con senadores de Unión por la Patria como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. La estrategia apunta a unificar la postura opositora en ambas cámaras y confrontar directamente el diagnóstico oficial sobre empleo, salarios y productividad.
La propia Siley explicitó el eje político del proyecto: “Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico”. Y agregó: “El Gobierno dice que flexibilizar el trabajo sirve para crear empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y lo vamos a plasmar en los fundamentos de nuestro dictamen”.
Desde el kirchnerismo sostienen que el proyecto de reforma del Gobierno de Milei no generará empleo, sino que implicará una pérdida de derechos y un retroceso en la protección social, algo que es falso.
La delirante reforma laboral kirchnerista
Según la visión del bloque K, los ingresos insuficientes empujaron a la pluriactividad, la informalidad y el crecimiento del trabajo en plataformas digitales. “La principal necesidad es la plata, porque el sueldo no alcanza. Como consecuencia de eso, la clase trabajadora está tomando más de un empleo o de actividades”, señalaron fuentes del PJ que participaron del borrador.
Cristina Kirchner.
A partir de esa lectura, el proyecto propone un paquete amplio de cambios: aumento del salario mínimo, reducción de la jornada laboral, ampliación de licencias y nuevas regulaciones para el trabajo en plataformas.
El capítulo salarial establece un fuerte aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil para cubrir el costo de la Canasta Básica Total, una definición que, en la práctica, trasladaría mayores costos al sector empleador y podría dejar a miles de trabajadores fuera del mercado o en la informalidad, como ocurrió en los últimos años.
En materia de negociación colectiva, la iniciativa reivindica paritarias “libres” entre sindicatos y empresarios, sin topes ni condicionamientos, en abierta contradicción al proyecto del oficialismo que busca vincular aumentos salariales a productividad.
Otro punto central es la reducción de la jornada semanal de 48 a 42 horas, con la meta de llegar a 40 en el mediano plazo. Desde el PJ argumentan que los avances tecnológicos supuestamente permiten trabajar menos "sin afectar la producción", algo que no se condice con la realidad de la mayoría de empresas argentinas. Por otro lado, la contrarreforma K también propone ampliar la licencia por paternidad a 90 días, equiparándola con la licencia materna.
En conjunto, la iniciativa kirchnerista busca instalar un modelo laboral más regulado de lo que ya está, y lejos de resolver esos desequilibrios, la contrarreforma amenaza con profundizarlos, agregando rigideces y costos que podrían terminar generando más problemas de los que pretende solucionar.
