Los registros de CUIL reflejan la totalidad del personal activo y permiten afirmar que los cargos siguen ocupados.
Entonces, si efectivamente hubiesen desaparecido 10.000 personas, eso implicaría un excedente de $52.424 millones en 2023, que actualizado a diciembre de 2024 supera los $119.000 millones. Ninguna universidad informa semejante superávit.
Por el contrario, los datos muestran una tendencia de crecimiento sostenido, incluso en los meses recientes:
En octubre de 2023, había 196.060 cargos docentes; en mayo de 2025, 198.988 (contando todas las fuentes de financiamiento).
Financiados exclusivamente por el Tesoro Nacional, los cargos pasaron de 193.927 a 196.533.
Los cargos de dedicación exclusiva, es decir, los de mayor carga horaria y responsabilidad académica, crecieron de 19.190 a 19.729.
Subieron los cargos de titulares (de 4.445 a 4.815), asociados (de 2.069 a 2.122) y adjuntos (de 6.868 a 6.924).
La única variación leve a la baja se da en la categoría de ayudantes de primera, que pasaron de 1.607 a 1.584, lo cual probablemente obedezca a un movimiento interno, sin impacto en el total del sistema.
Estos datos son públicos, verificables y claros. Por eso resulta indignante que las máximas autoridades del CIN, como Oscar Alpa (rector de la UNLPam) y Franco Bartolacci (rector de la UNR), difundan información falsa que sólo sirve para alarmar fraudulentamente a la sociedad y generar tensión institucional.
A esto se suma la irresponsabilidad técnica. Oscar Alpa, denominado por si mismo “especialista en administración financiera”, afirmó recientemente que el presupuesto “perdió el 500% de su valor”; una burrada matemática. Si algo pierde el 100%, su valor es cero. Decir que perdió el 500% es desconocer principios básicos de cálculo.
Como dijo nuestro presidente Javier Milei, no vamos a permitir que se mienta más con datos falsos, menos aún cuando está en juego la confianza de la ciudadanía. Y como bien remarcó nuestra ministra Sandra Pettovello en el comunicado del Ministerio de Capital Humano, la transparencia en el uso de los fondos públicos es un pilar innegociable de esta gestión.
En una carta pública, el CIN afirmó que “se han perdido 10.000 cargos docentes”. Esa cifra es absolutamente falsa, lo dicen los registros oficiales de la Dirección de Presupuesto de esta Subsecretaría. No hay 10.000 renuncias registradas. Los CUIL activos que reflejan la totalidad del personal de las universidades nacionales desmienten de forma categórica ese número. No hay evidencia de desvinculaciones masivas.
Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y con acceso directo a la información oficial del sistema universitario nacional, me veo obligado a desmentir categóricamente las afirmaciones falsas difundidas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sus autoridades y varios rectores.
Si semejante baja realmente hubiese ocurrido, las universidades tendrían que haber devuelto al Tesoro Nacional cerca de $250.000 millones, correspondientes a salarios no ejecutados. Esa devolución no existió, lo que confirma que los fondos se han utilizado normalmente y que la planta de personal permanece sin alteraciones de esa magnitud.
El Anuario de Estadísticas Universitarias 2023, elaborado por el propio sistema, muestra que el gasto total en personal con financiamiento del Tesoro fue de $1.156.794.874.718, sobre una planta de 220.660 personas. Eso da un costo promedio anual por persona de $5.242.431.
