El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos impulsados por el presidente Javier Milei para reformar el sistema de desalojos, expropiaciones y regulación de tierras rurales. La iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto en las próximas semanas.
La senadora Patricia Bullrich celebró el avance legislativo y aseguró que se trata de un paquete de reformas que el “Congreso más reformista de la historia convertirá en ley”. Entre los principales puntos incluidos aparecen la ley de desalojos express, el fortalecimiento de la propiedad privada frente a expropiaciones, la eliminación de trabas burocráticas para la adquisición de tierras y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
El Gobierno logró dictamen en el Senado.
El tratamiento se realizó en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el oficialismo logró reunir el quórum y las firmas necesarias gracias al acompañamiento de sectores dialoguistas.
Durante el debate, Bullrich explicó que el proyecto fue modificado tras recibir propuestas de especialistas y distintos bloques parlamentarios. Uno de los cambios más relevantes fue la diferenciación entre usurpadores y ocupantes legítimos en los procesos de desalojo, buscando evitar vacíos legales que durante años favorecieron tomas ilegales y conflictos judiciales.
Además, el texto incorpora límites al lucro cesante en casos de expropiación, fija criterios concretos para el cálculo de intereses y elimina el capítulo vinculado al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), un punto que había generado controversia dentro y fuera del oficialismo.
Otro eje central de la reforma apunta a las tierras rurales. La propuesta otorga mayor autonomía a las provincias para definir restricciones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, fortaleciendo el criterio federalista impulsado por el Gobierno. En zonas de frontera, sin embargo, seguirá existiendo intervención nacional.
También se avanzó sobre cambios en la Ley de Manejo del Fuego, especialmente respecto de restricciones impuestas tras incendios forestales. El oficialismo cuestiona la normativa aprobada durante el kirchnerismo, al considerar que generaba trabas excesivas y afectaba la actividad agropecuaria y productiva.
Desde la oposición peronista intentaron frenar el dictamen argumentando falta de tiempo para analizar las modificaciones introducidas al proyecto. Legisladores kirchneristas como Florencia López y Jorge Capitanich reclamaron nuevas reuniones y audiencias públicas, mientras que otros sectores opositores plantearon reparos sobre el alcance de las reformas.
Sin embargo, el oficialismo logró avanzar y dejó encaminada una de las iniciativas que la Casa Rosada considera clave dentro de su agenda de reformas estructurales, orientadas a reforzar la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y reducir regulaciones heredadas de gobiernos anteriores.
