Matías Cúneo Libarona sobre la baja en la edad de imputabilidad: ‘En 2026, una persona de 13 años sabe lo que hace’

Matías Cúneo Libarona es uno de los abogados penalistas más experimentados y respetados del país, aunque su nombre rara vez aparece en la agenda mediática. Especialista en derecho criminal, penal económico, aduanero, tributario y bancario, se dedica desde hace décadas a abordar causas de extrema complejidad, con un método de trabajo obsesivo y una mirada quirúrgica sobre los procedimientos judiciales y policiales. Quienes lo conocen lo definen como implacable, meticuloso y de bajo perfil, una combinación poco habitual en el mundo del derecho penal argentino.

Formado durante años en los tribunales nacionales en lo criminal, es sabido en los pasillos judiciales que tiene de clientes a figuras clave como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el prestigioso médico y científico Fernando Polack, responsable del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer; Lionel Messi y su padre Jorge; y el periodista Javier Negre. Es hermano del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. A su pedido, se hizo cargo de los casos que este debió dejar al asumir el cargo público. Con un conocimiento profundo de las garantías constitucionales y de las convenciones internacionales, su mirada jurídica combina rigor técnico con una fuerte preocupación por las víctimas del delito.

Entrevista a Matías Cúneo Libarona

—¿Considera necesario bajar la edad de imputabilidad en la Argentina?

—Obvio que debió bajarse hace rato. La norma actual es de alrededor de 1980. El mundo cambió: la sociedad, los modos en los que se ejecutan los delitos, la criminalidad y también los actores. Los jóvenes de 18, 16 o 14 años de aquel entonces no son iguales a los jóvenes de esa misma edad hoy en día.

—¿Por qué cree que la legislación vigente quedó desactualizada?

—Porque la realidad es otra. Hoy existe un grado de conciencia, información y participación en hechos delictivos que antes no estaba. Mantener una ley pensada para otra época implica dejar impunes conductas graves cometidas por personas que saben perfectamente lo que están haciendo. Por lo demás, esta nueva ley contiene muchas más previsiones que la elevación de la edad. Es muy buena y absolutamente superadora de la actual. 

—Desde algunos sectores se plantea que bajar la edad vulnera derechos. ¿Qué responde a ese argumento?

—Hay que poner el foco simultáneamente en la víctima. Derechos para los investigados y derechos para las víctimas, derechos para todos, sin sacrificar unos en aras de garantizar otros. No es un juego de suma cero. El investigado tiene derecho a ser oído, a la presunción de inocencia y a un debido proceso legal; pero la víctima también tiene derecho a que se repare el daño, se restaure la vigencia de la norma y se aplique la pena correspondiente según el principio de culpabilidad.

—¿Cómo se compatibiliza esto con una visión garantista del derecho penal?

—Ese es el garantismo bien entendido y bien aplicado, que no tiene nada que ver con el abolicionismo. El que las hace, debido proceso legal mediante, las paga. Por eso hay que bajar la edad de imputabilidad: para evitar dejar impunes actos cometidos por personas que, a la edad que marque la nueva ley, fueron plenamente conscientes de lo que hicieron.

—Últimamente tomó mucha relevancia el caso de Jeremías Monzón a partir de la viralización del crimen en las redes ¿Por qué lo considera un caso paradigmático?

—El caso de Jeremías Monzón es paradigmático en relación con la esencia de esta nueva ley penal juvenil. No solo se trata de una víctima que tenía 15 años de edad, sino de varios imputados que tenían entre 16 y 14 años. Más allá del móvil, del método, del plan, de la división de roles y del aporte específico de cada uno, es indudable que tuvieron conocimiento y voluntad de llevar adelante el plan trazado.

—¿Qué elementos del caso muestran esa conciencia y responsabilidad por parte de los imputados?

—Está claro que tuvieron plena conciencia de sus actos. Incluso generaron una contaminación deliberada de la escena y de la acción, con la intención de despistar a los investigadores. Eso demuestra que sabían lo que estaban haciendo y actuaron en consecuencia, con conocimiento y voluntad.

—¿Cómo se relaciona este caso con la discusión sobre elevar penas y bajar la edad de imputabilidad?

—Como siempre digo, es importante elevar penas para determinados delitos en función del bien jurídico vulnerado, y también bajar la edad de imputabilidad. Las penas existen para ser cumplidas, y las edades mínimas deben actualizarse porque en 2026 una persona de 13 años sabe lo que hace. El derecho penal se aplica a hechos ya cometidos, por eso la ley penal debe ser previa, escrita, cierta y estricta, sin ambigüedades ni discrecionalidad. Esto no es prevención, es aplicación de la ley.

—Algunos sostienen que bajar la edad o subir penas no reduce el delito. ¿Coincide?

—El solo hecho de elevar penas no baja el índice de criminalidad, y tampoco lo hará, por sí solo, el descenso de la edad de imputabilidad. Son medidas importantes y muy necesarias, pero no suficientes. La prevención de fondo está en la educación, la integración y la familia. Eso es central.

—¿Ve acciones del Estado en ese sentido?

—Este gobierno, me consta, está realizando un sinfín de acciones para mejorar ese contexto previo, que es tan importante para reducir el índice de delincuencia. Pero en el tema puntual, lo que no debemos tolerar es que personas de la edad de los imputados del caso Jeremías Monzón se salgan con la suya, que el hecho quede impune y que se burlen de todos nosotros.

—¿Dónde pone el eje desde el punto de vista de la Justicia?

—En este caso está clarísimo que conocían perfectamente lo que hacían, tenían plena conciencia de sus actos y dirigieron sus acciones en ese sentido. Es necesario bajar la edad de imputabilidad y que quienes queden por encima del mínimo establecido reciban la pena correspondiente, luego de un proceso judicial llevado en legal forma.

—¿Y qué lugar ocupan las víctimas en este debate?

—No hay que olvidarse nunca de que detrás de cada hecho delictivo hay una víctima y toda su familia, que tiene derechos y no hizo mal las cosas. Estas personas no pueden dejar de recibir una respuesta por parte de la Justicia. Pero la Justicia necesita de estas nuevas leyes para poder actuar y aplicarlas correctamente.