La medida, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, se aprobó con 77 firmas.
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Luego de varias semanas de postergaciones, este martes se concretó un paso clave en el Congreso hacia la reforma del Régimen Penal Juvenil.
En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal; Justicia; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda, se aprobó con 77 firmas el dictamen del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Javier Milei, y representa uno de los pilares de su agenda en materia de seguridad y justicia.
Javier Milei, presidente de Argentina.
La propuesta, que había generado un intenso debate en las últimas semanas, finalmente logró el dictamen de mayoría gracias al respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal, la Coalición Cívica y un sector de Encuentro Federal.
En contraposición, fue rechazada por los legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, quienes expresaron su preocupación por el "impacto social" y respaldaron a los delincuentes menores de edad.
El proyecto establece que los menores de hasta 14 años podrán ser imputables únicamente cuando cometan delitos graves, como homicidios, violaciones, secuestros o robos con armas. La reforma busca adecuar el régimen penal juvenil a los estándares internacionales y mejorar el abordaje del delito juvenil.
Se aprobó el dictamen del proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 14 años
Uno de los impulsores más activos del proyecto, el diputado José Luis Espert (LLA), celebró la aprobación del dictamen: “Delito de adulto, pena de adulto. Dimos un gran paso y tenemos dictamen de mayoría para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años”, afirmó en sus redes sociales, marcando el tono con el que el oficialismo defiende la medida.
El dictamen ahora deberá pasar al recinto para su votación definitiva en la Cámara de Diputados. De ser aprobado, implicaría un cambio estructural en la manera en que el Estado argentino responde penalmente a los delitos cometidos por menores de edad.
