En menos de seis horas, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, recibió más de 1.200 denuncias de ciudadanos argentinos sobre trámites que consideran engorrosos, innecesarios o fuente de corrupción.
Durante una entrevista con LN+, el secretario de Transformación del Estado y virtual viceministro del área, el economista Maximiliano Fariña, expresó su "sorpresa" ante la rapidez y magnitud de la respuesta al sitio "Reportá la burocracia", una nueva sección en el portal Argentina.gob.ar.
El objetivo de esta plataforma es "identificar y eliminar normas que representan obstáculos al libre comercio, la competencia y el desarrollo productivo en todo el país".
Esta iniciativa se enmarca en el decreto 1055/24, publicado el viernes en el Boletín Oficial, que busca "reducir la burocracia, promover la libre competencia y facilitar la interacción entre la oferta y la demanda en el ámbito privado".
Las normativas que pueden ser denunciadas incluyen leyes, decretos, resoluciones, disposiciones administrativas y ordenanzas de alcance nacional, provincial o municipal que obstaculicen la creación o el funcionamiento de una empresa, generen barreras de entrada a un mercado o restrinjan la competencia.
También puede ser que distorsionen precios, limiten la oferta de bienes y servicios, impidan la libre iniciativa privada o soliciten documentación obsoleta o innecesaria. No obstante, quedaron excluidas las normas tributarias y aquellas propuestas que impliquen un costo fiscal.
Fariña afirmó que su área está centrada en eliminar las "barreras normativas" para que el Estado deje de ser una carga para el ciudadano.
Subrayó la importancia del contacto directo con la sociedad, citando el caso de un abogado desempleado que intentó iniciar trámites en la ANSES, pero encontró obstáculos debido a un registro con restricciones de acceso.
Además, anunció que, a partir de la próxima semana, el Gobierno de Milei publicará las denuncias recibidas para que la sociedad las conozca, aunque los denunciantes podrán solicitar que sus nombres no sean revelados.
El propósito, dijo, es "dar visibilidad a las denuncias y dárselas a las provincias y a los municipios, para que también puedan hacer su trabajo de desregulación".
Como ejemplo de regulaciones innecesarias, Fariña mencionó la homologación de seguridad de juguetes importados de países desarrollados que ya cuentan con certificaciones internacionales. Citó el caso de un importador que tuvo que gastar USD 10.000 en homologación para traer USD 30.000 en juguetes.
El funcionario adelantó que, en una segunda fase, posiblemente la próxima semana, "vamos a hacer públicas estas denuncias, qué es lo que reportó la gente, para darle visibilidad porque queremos la mayor transparencia posible y también acercárselas a las provincias y los municipios".
Según el decreto que respalda la iniciativa, existe "una gran cantidad de regulaciones dictadas en el Sector Público Nacional que han quedado desactualizadas en virtud de los avances tecnológicos, jurídicos y sociales, conteniendo exigencias que, si bien al momento de su dictado resultaban justificadas, actualmente generan dilaciones y costos infundados".
Para presentar una denuncia, se debe acceder al sitio web y completar un formulario simple que solicita el nombre, apellido, número y tipo de norma denunciada, especificando si es de alcance nacional, provincial o municipal, detallando por qué constituye un obstáculo innecesario y proponiendo una solución.
Fariña explicó que un equipo de 4 o 5 personas, incluido él, revisa las denuncias, las clasifica y las remite a los ministerios o agencias correspondientes para su respuesta.
En cuanto a otro caso mencionado, el de las pinturas de látex, aclaró que "cada lote tiene que hacer un estudio ante el INTI para ver si tiene plomo o no, cuando siempre dan negativo y las auditorías tendrían que ser ex post".
Fariña indicó que él mismo había leído sobre este caso y que ya estaban trabajando en una resolución del Ministerio de Salud, la cual esperan que se publique la próxima semana.
Recalcó que siempre existe un costo adicional, y destacó que la meta del ministerio es "hacer un Estado más pequeño y eficiente".
También mencionó el caso del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra), creado en 2002, al que el Gobierno kirchnerista de Alberto Fernández otorgó un monopolio al convertirlo en la única entidad autorizada para cobrar y negociar las licencias de reproducción de obras nacionales.
Según explicó Fariña, Cadra podría cobrar hasta $300.000 solo por la presencia de una fotocopiadora, sin hacer esfuerzo alguno por identificar a los autores cuyas obras se reproducían.
Para poner en contexto el problema, señaló que en los últimos 4 a 5 años en Argentina se publicaron unos 150.000 libros, pero el dinero recaudado por Cadra se distribuía entre sus 8.000 socios.
Además, detalló que el ministerio tiene actualmente una lista de 150 decretos en proceso para eliminar regulaciones y trabas.
Otro caso que mencionó fue el de la importación de alimentos, que requería que los importadores proporcionaran al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa) información sobre el tipo de madera o palets en los que se transportaban los productos.
También destacó regulaciones del Senasa que impedían que veterinarios no registrados pudieran trabajar, a pesar de que en Argentina los títulos universitarios son habilitantes.
Además, criticó las "exclusividades", como las normativas relacionadas con la causa Seguros, que involucra al expresidente Alberto Fernández, las cuales obligaban a las agencias del sector público a contratar seguros con Nación Seguros, comprar combustibles a YPF, adquirir pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas y realizar todos los envíos postales a través del Correo Argentino.
Fariña explicó que el Ministerio a cargo de Sturzenegger está dividido en dos áreas claras: desregulación y transformación, siendo la segunda la encargada de crear "un Estado más chico y eficiente".
Recordó que, en los últimos 20 años, el gasto público total de Argentina (incluyendo Nación, Provincias y Municipios) aumentó del 30% al 45% del PBI, y la cantidad de empleados públicos pasó de dos a más de tres millones.
En los ocho meses de gestión, destacó, el Gobierno de Milei eliminó 200 áreas dentro de la estructura estatal que no cumplían con funciones justificables, lo que resultó en una reducción de 30.000 empleados públicos, representando entre un 8% y un 10% del empleo en el sector público nacional.
Finalmente, Fariña aseguró que este proceso de reestructuración "no termina ahora", y explicó que gracias al concepto de "disponibilidad" introducido en la ley Bases, es posible continuar con nuevas reducciones de la planta pública, rompiendo con la idea de que los empleados públicos son intocables.
Refiriéndose a los registros automotores y la gestión de patentes y cédulas azules, enfatizó que el objetivo es digitalizar todos los trámites para que "no sean más un curro de la política".
