El Gobierno envió al Congreso un proyecto que endurece las penas contra quienes exploten recursos en las islas, incorpora un régimen de derribo y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca modificar de manera profunda las herramientas con las que el Estado argentino responde ante amenazas externas.
Aunque la causa Malvinas constituye el origen y uno de los principales ejes de la iniciativa, el proyecto va mucho más allá de la disputa por las islas. El Gobierno propone integrar bajo una misma estrategia cuestiones vinculadas con Defensa, Inteligencia, política exterior, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica y seguridad nacional.
La iniciativa reemplaza además el actual régimen establecido por la Ley 26.659 y establece un esquema mucho más amplio para sancionar a quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales argentinos.
Penas de hasta 20 años por explotar recursos sin autorización
Uno de los capítulos más duros está vinculado con las actividades económicas desarrolladas en torno a Malvinas y otros espacios sobre los que Argentina reivindica derechos soberanos.
El proyecto establece que la explotación de recursos renovables y no renovables requerirá autorización de las autoridades argentinas. De esta manera, el alcance no quedaría limitado a los hidrocarburos, sino que también podría abarcar actividades como la pesca.
Además, el régimen apunta contra toda la cadena involucrada en una operación considerada ilegal.
Las sanciones podrían alcanzar a empresas, accionistas, controlantes, proveedores y prestadores de servicios financieros, técnicos o logísticos que resulten indispensables para esas actividades.
Penas de hasta 20 años por explotar recursos sin autorización
En materia penal, las penas previstas llegan hasta 20 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
También se contemplan multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, inhabilitaciones de hasta 20 años y restricciones para contratar con el Estado.
El Gobierno recupera el régimen de derribo
Otro de los puntos centrales es la incorporación de un régimen de protección aeroespacial que contempla el uso progresivo de la fuerza contra aeronaves consideradas hostiles.
El procedimiento comienza con la identificación del avión y las advertencias correspondientes. Si la aeronave mantiene una conducta considerada hostil, puede avanzar la respuesta militar.
El uso de la fuerza queda planteado como último recurso y requiere una orden expresa del Presidente, aunque el proyecto permite delegar esa facultad en el ministro de Defensa.
La propuesta retoma así una herramienta que había sido establecida durante el gobierno de Mauricio Macri y posteriormente derogada durante la administración de Alberto Fernández.
Un Consejo de Seguridad Nacional con Milei al frente
El proyecto también crea un Consejo de Seguridad Nacional, que funcionará como órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.
El organismo será presidido por el Presidente y contará con la participación permanente del jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria de Legal y Técnica.
La idea central es terminar con una gestión fragmentada de cuestiones estratégicas y establecer una coordinación permanente entre las distintas áreas del Estado.
El Consejo tendrá facultades para requerir información y asistencia a organismos nacionales y podrá solicitar cooperación a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
Un Consejo de Seguridad Nacional con Milei al frente
Aranceles y bloqueo de activos ante amenazas externas
La iniciativa incorpora además herramientas económicas que podrán utilizarse frente a situaciones consideradas una amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional.
Entre las medidas previstas aparecen restricciones cambiarias, limitaciones a transferencias y pagos, controles sobre importaciones y exportaciones, suspensión de permisos y concesiones y bloqueo de fondos y activos bajo jurisdicción argentina.
El proyecto también habilita un mecanismo para incrementar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables a un Estado extranjero involucrado, con un límite de hasta 75%.
De esta manera, la política económica y comercial pasa a formar parte explícita de las herramientas de Seguridad Nacional.
Defensa Nacional: una mirada más amplia
La reforma también modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar la definición de las amenazas que pueden afectar a la Argentina.
El proyecto contempla tanto amenazas estatales como no estatales, siempre que tengan origen externo, y suma dimensiones que exceden el campo militar tradicional.
El ciberespacio, el espacio electromagnético, la infraestructura estratégica y determinados ataques contra sistemas críticos pasan a formar parte del esquema de análisis de Seguridad Nacional.
Las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para responder ante operaciones convencionales y no convencionales, además de otras operaciones militares distintas de la guerra.
Protección de infraestructura crítica
El Gobierno propone además crear un sistema específico para proteger infraestructura considerada indispensable para el funcionamiento del país.
El régimen incluye instalaciones y redes vinculadas con energía, comunicaciones, salud, defensa, seguridad, economía y tecnología, además de centros de datos y sistemas informáticos.
El Consejo de Seguridad Nacional deberá elaborar una estrategia y un plan nacional de protección, mientras que los operadores de las instalaciones consideradas críticas tendrán que implementar sus propios planes de seguridad.
La información sobre determinadas infraestructuras podrá ser clasificada por razones de seguridad.
Más controles sobre buques en aguas argentinas
El proyecto también establece nuevas reglas para la actuación frente a embarcaciones consideradas de interés.
Se crea la figura del “Buque de Interés”, destinada a identificar embarcaciones que, por su recorrido, antecedentes, actividad, bandera o comportamiento, requieran un seguimiento especial.
La clasificación no implica por sí misma que exista un delito ni habilita automáticamente el uso de la fuerza.
El procedimiento establece distintas etapas, desde la identificación y las órdenes de detención hasta las inspecciones, maniobras de interposición y disparos de advertencia.
El hundimiento queda reservado para circunstancias militares extremas frente a un buque hostil y requiere autorización presidencial.
Una barrera contra la injerencia extranjera
Una barrera contra la injerencia extranjera
Otro capítulo apunta contra determinadas formas de influencia extranjera sobre procesos políticos y electorales argentinos.
El proyecto restringe el financiamiento y la organización de campañas electorales por parte de extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras.
También crea delitos relacionados con operaciones financiadas o dirigidas por Estados u organizaciones extranjeras destinadas a alterar procesos electorales o desarrollar campañas coordinadas de desinformación masiva.
Las penas pueden llegar hasta los 15 años en los casos agravados.
La iniciativa también incorpora delitos relacionados con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y la entrega de información sensible a Estados o servicios de inteligencia extranjeros.
El RePET y el endurecimiento contra el terrorismo
La propuesta incorpora además al marco legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El registro funcionará dentro de la Unidad de Información Financiera y alcanzará a personas y entidades vinculadas con terrorismo, financiamiento terrorista y proliferación de armas de destrucción masiva.
Los sujetos obligados deberán inmovilizar fondos y activos vinculados con personas o entidades incluidas en el registro y comunicar esas operaciones a la UIF.
El proyecto también establece penas de cinco a 15 años de prisión para quienes proporcionen deliberadamente apoyo material a organizaciones o personas vinculadas con actividades terroristas o con la proliferación de armas de destrucción masiva.
Un incentivo para abandonar actividades ilegales
El endurecimiento de las sanciones estará acompañado por un mecanismo de regularización.
El Régimen de Desistimiento y Regularización permitirá que determinados sujetos involucrados en actividades cuestionadas puedan acceder a beneficios si abandonan esas operaciones, se comprometen a no reincidir y cumplen con las condiciones establecidas.
Una de las alternativas será reconvertir inversiones hacia actividades legales desarrolladas en territorio argentino.
El mecanismo no podrá ser utilizado por reincidentes ni por quienes tengan una sentencia firme por los delitos contemplados en la norma.
Una nueva estrategia para defender los intereses argentinos
El proyecto de Milei plantea así un cambio significativo en la manera en que el Estado argentino aborda la soberanía y las amenazas externas.
Malvinas aparece como el punto de partida de la reforma y como uno de sus capítulos centrales, pero la iniciativa propone una arquitectura mucho más amplia, en la que la defensa de los intereses nacionales también incluye la economía, la infraestructura, la inteligencia, la tecnología, el comercio y la política exterior.
El Gobierno busca reemplazar un esquema fragmentado por una estructura coordinada desde el Poder Ejecutivo, con un Consejo de Seguridad Nacional encargado de articular las distintas áreas.
Ahora será el Congreso el encargado de debatir el proyecto y definir el alcance final de una reforma que, de aprobarse, modificará buena parte del marco legal argentino en materia de soberanía, Defensa y Seguridad Nacional.
