El Gobierno de Javier Milei se encamina a designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, una decisión que encuentra su justificación en la negativa del Congreso a completar el proceso de nombramiento.
Ante la falta de voluntad política en el Senado para avanzar con los pliegos, el Ejecutivo opta por una vía constitucional que ya tuvo antecedentes en la historia reciente.
El antecedente de Macri y la parálisis legislativa
La decisión de Milei no es un hecho inédito. En 2015, el ex presidente Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti mediante decreto, en un contexto donde la Corte también funcionaba con tres miembros. En aquel entonces, la falta de consenso en el Senado y la necesidad de completar el tribunal motivaron la medida, que luego fue convalidada por el Congreso.
La situación actual es similar. Desde mayo pasado, el Ejecutivo intentó lograr el aval del Senado para la designación de Lijo y García-Mansilla, pero las negociaciones no prosperaron. A pesar del respaldo de varios gobernadores peronistas, como Gerardo Zamora, la falta de definiciones dentro del bloque de Unión por la Patria y la presión de sectores del PRO impidieron alcanzar los dos tercios necesarios. La oposición, liderada por Cristina Kirchner y el kirchnerismo, mostró una postura obstruccionista, negándose incluso a dar quórum para el debate.
