Tal como lo anticipó La Derecha Diario, el presidente Javier Milei firmó el decreto por el cual designa a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema.
La decisión se anunció en la red social X y responde a la negativa del Congreso de completar el proceso de nombramiento, lo que llevó al Ejecutivo a recurrir a un mecanismo constitucional con antecedentes en la historia reciente.
El antecedente de Macri y la parálisis legislativa
El decreto de Milei no es un hecho inédito. En 2015, el expresidente Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a través de un decreto, en un contexto donde la Corte también funcionaba con solo tres miembros. La falta de consenso en el Senado y la necesidad de completar el tribunal motivaron aquella medida, que posteriormente fue convalidada por el Congreso.
El antecedente de la era Macri
En el caso actual, desde mayo pasado el Gobierno intentó conseguir el aval del Senado para la designación de Lijo y García-Mansilla, pero las negociaciones no prosperaron. A pesar del respaldo de varios gobernadores peronistas, como Gerardo Zamora, la falta de definiciones dentro del bloque de Unión por la Patria y la presión de sectores del PRO impidieron alcanzar los dos tercios necesarios. La oposición, encabezada por Cristina Kirchner y el kirchnerismo, optó por una postura obstruccionista, incluso negándose a dar quórum para el debate.
La necesidad de una Corte Suprema completa
Con esta decisión, el Gobierno busca solucionar el funcionamiento limitado del tribunal, que hasta ahora operaba con solo tres miembros. La Corte Suprema tiene un papel fundamental en la estabilidad institucional del país y en la garantía de seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo económico.
Manuel García-Mansilla ocupará un asiento en la CSJN
El Gobierno fundamentó la decisión en que la Cámara Alta debía haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, ya que estos cumplieron con todos los requisitos legales y de idoneidad en el cargo. Sin embargo, el Senado optó por el silencio y no se expresó sobre los pliegos remitidos, aun cuando se les dio la posibilidad de hacerlo en Sesiones Extraordinarias.
Asimismo, el Ejecutivo remarcó que la Constitución establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, mientras que el Senado solo tiene la facultad de aceptar o rechazar los candidatos, sin la potestad de proponer nombres. Para ello, debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulantes y no en intereses políticos o apreciaciones personales.
En este contexto, el Gobierno sostuvo que la politización de la justicia es una de las principales causas de que los argentinos no cuenten con un servicio judicial eficiente y transparente.
Por ello, haciendo uso de la facultad constitucional de cubrir las vacantes que requieren el acuerdo del Senado y con el fin de normalizar el funcionamiento de la Corte, el Presidente decretó la designación en comisión de García-Mansilla y Lijo. Esta herramienta ya ha sido utilizada por otros presidentes de distintos signos políticos, como Perón, Alfonsín, Menem y Macri, y convalidada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A pesar del decreto, la administración de Milei continuará con el trámite legislativo para que el Senado ejerza sus atribuciones y preste el correspondiente acuerdo a los pliegos.
Desde el Gobierno recordaron que tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri lograron la convalidación de sus candidatos a la Corte Suprema en los inicios de sus mandatos, mientras que en este caso, la "casta política" ha decidido aplicar un criterio distinto, afectando el normal funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.
El impacto político y las perspectivas
Si bien la medida genera controversias, la historia demuestra que la designación de jueces por decreto es un recurso legítimo cuando el Congreso bloquea el avance institucional. La negativa de sectores del peronismo y del PRO a negociar dejó al Gobierno sin otra alternativa.
Lijo ocupará un asiento en la CSJN
Finalmente, el Ejecutivo enfatizó que este gobierno "no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia".
Con esta decisión, Milei refuerza su imagen como un presidente que toma medidas firmes frente a la parálisis legislativa. La designación de jueces por decreto no solo es legal, sino que responde a la urgencia de fortalecer la institucionalidad del país.
