La detención de, referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, sacó a la luz un entramado de denuncias por abusos sexuales que se arrastraban desde al menos 2014 y que, durante años, no encontraron respuesta efectiva por parte del Estado bonaerense y su administración kirchnerista.
La causa, a cargo de la fiscal Betina Lacki, comenzó como un expediente aislado y derivó en la investigación de un presunto esquema de abuso sistemático con rasgos sectarios. En paralelo, quedó expuesta una red de omisiones y negligencias que permitió que los acusados ganaran visibilidad política, mantuvieran cargos en la Legislatura provincial y participaran de actos oficiales pese a existir denuncias y medidas judiciales en su contra.
La ministra de Axel Kicillof admitió conocer los abusos mucho antes de la denuncia.
La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reconoció que las acusaciones contra la pareja “circulaban como rumor” desde su asunción en 2019. Sin embargo, el Ministerio tomó intervención formal recién en octubre de 2024. Durante ese lapso, el Estado no activó mecanismos preventivos ni brindó contención institucional, lo que permitió que los sospechosos continuaran ocupando espacios de poder.
Uno de los puntos más delicados del expediente es el rol de Melina Gaudino, señalada como una pieza clave para garantizar la impunidad del grupo. De acuerdo con la investigación, Gaudino se presentó falsamente como abogada, simuló gestiones judiciales inexistentes y convenció a las víctimas de que sus causas avanzaban. A pesar de no contar con título habilitante, logró ocupar cargos en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Sergio Berni, en la Municipalidad de La Plata y en la UTN, y utilizó supuestos vínculos con el Poder Judicial para desalentar denuncias.
Aunque Estela Díaz negó una relación orgánica con La Capitana, existen registros públicos de la agrupación en la inauguración de una unidad básica en Ringuelet en 2025. Además, los acusados compartieron actos y movilizaciones con referentes del peronismo local, en eventos de alta visibilidad política.
Los abusadores Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.
El grupo también se presentaba bajo el “madrinazgo” de Giselle Fernández, hermana de Cristina Fernández de Kirchner, un vínculo que habría sido utilizado para legitimar su inserción en el armado político platense.
La fiscalía solicitó ahora la unificación de todos los expedientes para abordar el caso como un esquema de abuso sistemático. La investigación avanza en dos direcciones: la responsabilidad penal directa de los acusados y la complicidad administrativa que permitió que el entramado se sostuviera durante más de una década bajo la mirada pasiva del Estado bonaerense.
