El presidente Javier Milei se reunió este martes en la Quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y avanzó en uno de los proyectos más ambiciosos de su gestión: la redacción de un nuevo Código Penal. La iniciativa apunta a modernizar el sistema penal argentino y a endurecer las penas frente a delitos que hoy generan fuerte preocupación social.
Tras el encuentro, Mahiques confirmó que su cartera ya trabaja en la elaboración de un nuevo texto que será enviado al Congreso una vez finalizado. En paralelo, el Gobierno impulsará una serie de reformas legislativas orientadas a reforzar el esquema penal vigente, con foco en la seguridad y la protección de las víctimas.
El nuevo ministro se reunió con los ministros de la Corte Suprema.
Entre los principales cambios que se buscan introducir se encuentra la incorporación de nuevos delitos que hoy no están adecuadamente contemplados o cuya tipificación resulta insuficiente. El ministro mencionó casos como las estafas piramidales, las salideras bancarias, las entraderas, los delitos cometidos bajo la modalidad de “viuda negra” y el accionar de los denominados motochorros. También se incluirán delitos migratorios, daños contra animales, el uso de armas dentro de cárceles y las picadas ilegales.
El enfoque del nuevo Código Penal tendrá como eje central a las víctimas, en línea con la visión del Gobierno de priorizar el orden y la seguridad frente al delito. En ese sentido, la administración de Milei busca dejar atrás una legislación permisiva que durante años benefició a los delincuentes en detrimento de los ciudadanos.
La redacción de este nuevo código no parte desde cero, aunque sí implicará una reformulación integral. El proyecto toma como antecedente el trabajo iniciado durante la gestión anterior en el Ministerio de Justicia, pero será revisado y adaptado bajo los lineamientos de la actual administración.
Juan Bautista Mahiques
Por otro lado, el ministro viene de mantener su primera reunión con la Corte Suprema, en un encuentro que también marcó un gesto de coordinación institucional. Allí se ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, con el envío de pliegos al Senado para cubrir más de 300 cargos entre jueces, fiscales y defensores.
Desde el Gobierno consideran que la falta de magistrados es uno de los principales factores que afectan el funcionamiento del sistema judicial. Por eso, junto con la reforma del Código Penal, buscan avanzar en una normalización integral de la Justicia.
