Motosierra: el Gobierno echó 100 empleados de un organismo que perseguía periodistas

Declaraciones y críticas al uso discrecional del organismo

A través de su cuenta de X, Sturzenegger fue contundente en sus críticas: “Este cuerpo recorría la costa en verano adoctrinando en contra de los críticos del kirchnerismo”. Además, señaló que una gran parte de los empleados del organismo provenían del municipio de La Matanza, lo que, según sus palabras, reflejaba un manejo discrecional de las contrataciones públicas.

En el comunicado oficial, Sturzenegger destacó que la resolución remata el estudio de televisión del organismo. Además, restringe su uso como herramienta de persecución y plantea la necesidad de un debate más amplio en el Congreso sobre la viabilidad de este tipo de instituciones.

“La resolución alivia la estructura estatal y da un paso hacia una administración más transparente. Este es un mensaje claro: el dinero público no se usará para comprar voluntades ni para perseguir opositores", dijo el ministro. Luego añadió: "Como se hacía en el pasado con recursos que pertenecen a los ciudadanos”.

El Gobierno anunció este jueves la desvinculación de 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA). Este organismo, creado en 2009 bajo la Ley de Medios, tenía como propósito recibir denuncias por presuntos "abusos" de periodistas. Con la reciente resolución 107, se encendió la motosierra y la planta de trabajadores se redujo de 144 a 40 empleados.

Desde su fundación, la DPSCA acumuló un costo estimado de 70 millones de dólares, lo que generó cuestionamientos sobre su impacto real. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el organismo tenía prácticas polémicas, como el uso de "un estudio de televisión portátil que se utilizaba en actividades de adoctrinamiento político contra periodistas críticos".

Reducción del déficit operativo y ajuste en el sector público

Paralelamente, el Gobierno informó una disminución significativa en el déficit operativo de las empresas estatales. Durante el período enero-septiembre de este año, el rojo operativo se redujo de 4.551 millones de dólares en 2023 a 2.235 millones en 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda.

Este ajuste también se reflejó en una disminución en el personal del sector público, que pasó de 92.069 a 80.988 empleados, lo que representa una reducción de 11.081 puestos de trabajo.

El presidente Milei y su equipo aseveran que esto fortalece el compromiso del Gobierno con una administración abierta, transparente y libre de presiones hacia los medios de comunicación. “No se rehúye al debate de ideas, pero se rechaza el uso del dinero público para el adoctrinamiento político”, concluyó Sturzenegger.