El Gobierno anunció este jueves la desvinculación de 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA). Este organismo, creado en 2009 bajo la Ley de Medios, tenía como propósito recibir denuncias por presuntos "abusos" de periodistas. Con la reciente resolución 107, se encendió la motosierra y la planta de trabajadores se redujo de 144 a 40 empleados.
Desde su fundación, la DPSCA acumuló un costo estimado de 70 millones de dólares, lo que generó cuestionamientos sobre su impacto real. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el organismo tenía prácticas polémicas, como el uso de "un estudio de televisión portátil que se utilizaba en actividades de adoctrinamiento político contra periodistas críticos".
Declaraciones y críticas al uso discrecional del organismo
A través de su cuenta de X, Sturzenegger fue contundente en sus críticas: “Este cuerpo recorría la costa en verano adoctrinando en contra de los críticos del kirchnerismo”. Además, señaló que una gran parte de los empleados del organismo provenían del municipio de La Matanza, lo que, según sus palabras, reflejaba un manejo discrecional de las contrataciones públicas.
En el comunicado oficial, Sturzenegger destacó que la resolución remata el estudio de televisión del organismo. Además, restringe su uso como herramienta de persecución y plantea la necesidad de un debate más amplio en el Congreso sobre la viabilidad de este tipo de instituciones.
