El líder del gremio rural es acusado de desviar más de 26 millones de dólares hacia empresas vinculadas a su entorno.
José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), enfrenta una nueva denuncia penal por presunto desvío de fondos y lavado de dinero. La presentación fue realizada por Eduardo Davico, referente del Movimiento de Recuperación de la UATRE (MRU), ante el Juzgado Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante. La denuncia también involucra al secretariado completo del gremio.
Según la acusación, se habrían desviado aproximadamente 26 millones de dólares provenientes del Seguro de Sepelio hacia empresas vinculadas a empresarios cercanos a Voytenco. Además, se cuestiona el estilo de vida del dirigente, incluyendo viajes en avión privado y la adquisición de propiedades, que no se condicen con sus ingresos declarados.
Desde UATRE, se minimizó la denuncia, calificándola como una maniobra política en respuesta a un fallo judicial favorable a Voytenco. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por el dirigente opositor Marcelo Andrada, ratificando la incompetencia del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Voytenco.
Sin embargo, esta nueva denuncia se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión de Voytenco al frente de UATRE y de la obra social del gremio, OSPRERA. Una auditoría reveló una deuda de casi 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones, además de posibles fraudes e irregularidades en la administración de la obra social.
La investigación podría tener implicancias significativas para la conducción de UATRE y la administración de OSPRERA. El MRU ha impulsado movilizaciones desde fines del año pasado contra la conducción nacional del gremio, y esta denuncia podría intensificar las tensiones internas.
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La Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la causa y establecer responsabilidades penales. Mientras tanto, los afiliados al gremio y a la obra social esperan respuestas claras sobre el destino de los fondos y la garantía de sus derechos.
